BOLETIN INFORMATIVO DE LA BIBLIOTECA DE LA CORTE DE JUSTICIA SEPTIEMBRE 2008,
contiene información referente a novedades sobre Legislación, Decretos y Jurisprudencia (Nacional y Provincial), Doctrina recomendada y Seminarios.

LEGISLACION PROVINCIAL
COMPENDIO SOBRE TURISMO

JURISPRUDENCIA DESTACADA PROVINCIAL
(Envío SAIJ Septiembre 2008)

08280001
Expte. Nº 8689 “FEDERICO Guillermo Héctor y Otro c/ Provincia de San Juan - Daños y Perjuicios”. LEYES: INTERPRETACIÓN
"Que la interpretación de una ley debe  practicarse teniendo en cuenta la finalidad perseguida por la norma y tratando de cumplir ese objetivo, a fin de poder efectuar una adecuada interpretación de esta norma, es importante indagar en la discusión parlamentaria de esta ley a fin de intentar descubrir cual fue la verdadera intención del legislador la que, más allá de una deficiente redacción del texto legal, debe ser la que se debe intentar respetar al aplicar judicialmente la norma en el caso concreto.
La interpretación de la ley debe practicarse computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonice con todas las normas del ordenamiento jurídico vigente y del modo en que mejor concuerde con los principios y garantías de la Constitución Nacional".

DERECHO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - ACTOS DEL PODER LEGISLATIVO
A los efectos de que pueda hablarse de responsabilidad del Estado por el acto legislativo, es necesario que la ley sea declarada inconstitucional, o que el daño que sufra el particular reconozca su causa en una ley y "que implique una consecuencia normal extraordinaria de la decisión del Poder Legislativo".
P.S. Tº I, Fº 16/28. 11/02/2008. SALA III. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERÍA. Magistrados: Caballero, Humberto- Cuneo de García, Catalina Celia- Moya, Moisés.

08280002
Expte. Nº 8733 “NAVAS Cesar Daniel c/ Goransky Hugo Armando y Otra - Cobro de Pesos – Sumario”.
EXCEPCIONES PROCESALES - LEGITIMACIÓN PROCESAL
La falta de legitimación para obrar puede definirse como la que sostiene la ausencia de legitimación procesal, es decir que el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre que versa el proceso. Asimismo se ha sostenido que la falta de legitimación para obrar, según así la denomina el Código procesal, sólo se refiere a la falta de calidad de titular del derecho invocado por parte del actor, o la falta de calidad de obligada por parte del demandado, la falta de calidad, sea por que no existe identidad entre la persona del actor a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede, determina la procedencia de la falta de legitimidad para obrar.

DERECHOS REALES - MURO MEDIANERO - PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
Si bien el art. 2628 del C. Civil dispone que el propietario de una heredad no puede tener en ella árboles sino una distancia de tres metros de la línea divisoria del vecino, resulta obvio que esa restricción debe y tiene que responder a una finalidad en aras de la convivencia pacífica de los vecinos, y tal finalidad no puede ser otra que la de evitar cualquier clase de daño, molestia o inconveniente que la cercanía de los árboles a menor distancia de la permitida puede ocasionar. Cuando se invoca el art. 2628 del C. Civil en un móvil divorciado del fundamento de toda restricción al dominio, se incurre en un acto antifuncional, en un abuso de derecho. Este ejercicio abusivo de la prerrogativa individual no es permitido por el ordenamiento jurídico.

CONTRATOS - DAÑO MORAL
Tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria, entienden que el daño moral cuando no tiene origen en daños físicos o psíquicos, sino en daños materiales debe justificarse acabadamente su existencia.
Debido a su carácter resarcitorio, cuando los daños se han producido sobre bienes materiales y no sobre la persona del damnificado, hay que demostrar de qué manera se ha podido afectar la moral del reclamante y de qué manera puede tratarse de un perjuicio resarcible. Referente del daño moral, no teniendo su origen en daños físicos, cuya existencia se produce in re ipsa, sino que se encuentra sostenido en los daños materiales padecidos cuya reparación se persigue por otros rubros, debe demostrarse acabadamente la existencia y la relación causal con el hecho, conforme lo dispuesto por el art. 1078 del C. Civil.

COSTAS - DAÑOS Y PERJUICIOS
En las demandas por daños y perjuicios, las costas forman parte integrante de la indemnización, razón por la cual aun cuando la demanda no prospere en su plenitud, la demandada debe cargar con el peso de las costas y si se trata de una acción resarcitoria de daños y perjuicios, las costas forman parte de la indemnización debida. Aunque la demanda no prospere íntegramente, dada la apuntada naturaleza resarcitoria corresponde imponerlas a la vencida.
P.S. Tº I, Fº 61/69. 26/02/2008. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERÍA. SALA III. Magistrados: Caballero, Humberto- Cuneo de García, Catalina Celia- Moya, Moisés.

08280003
Expte. Nº 9109 “GIORGI, Ernesto y Otros c/ Cía. Minera El Colorado SAC y M. - Ejecutivo”.
JUICIO EJECUTIVO - INTERVENCIÓN DE TERCEROS – SUBASTA - MINAS
Si bien en materia de "intervención voluntaria" impera un principio restrictivo, en un caso como el planteado en que la propiedad de las minas se rige por el Código de Minería y supletoriamente por el Código Civil, lo que implica tener en cuenta distintos tipos de dominio, sobre el yacimiento y sobre la superficie, cabe apartarse del citado principio restrictivo y admitir la intervención voluntaria del tercero, en razón de que su derecho podría verse perjudicado que es lo que justifica dicha intervención.
Resulta evidente entonces, que el juicio de autos no es un juicio ejecutivo como aquellos a los que se refiere la jurisprudencia, al entender que no permiten la intervención voluntaria de un tercero. En el caso, el tercero está demostrando que, de producirse la subasta sin que se cuente con planos que hagan referencia a la superficie que efectivamente ocupa la mina, se incurriría en un abuso en perjuicio del propietario superficiario, como se ha expresado supra y, no estando previsto en el art. 96 inc. 1º que no se debe aplicar a juicios ejecutivos, corresponde admitir el recurso traído.
P.A. Tº II, Fº 289/291. 10/06/2008. SALA III. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERÍA. Magistrados: Caballero, Humberto- Cuneo de García, Catalina Celia- Moya, Moisés.

08280004
Expte. Nº 8959 “GIMENEZ, Carlos Gabriel c/ Energía San Juan S.A. - Sumario - II Cpo.”.
CONTRATOS - LOCACIÓN DE OBRA - AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
La autorización municipal para la realización de la obra es una exigencia de las normas administrativas, que los profesionales de la construcción deben conocer pero que no incide en la solución de un pleito por incumplimiento contractual, pues se trata de una exigencia que alcanza a las partes, ya sea en su calidad de profesionales o como titulares de la unidad en la que se realiza la obra. Ambas partes responden según sus incumbencias ante la autoridad administrativa, pero la suerte de los reclamos no depende de esa responsabilidad administrativa, sino del cumplimiento o no de las obligaciones asumidas en el contrato de locación de obra.

CONTRATOS - FECHA CIERTA
Los contratos no prueban contra terceros la verdad de la fecha expresada en ellos, de lo que se desprende que sólo pueden oponerse a los terceros a partir de la adquisición de fecha cierta, lo que sólo ocurre en los casos del art. 1035 del C. Civil.

RESPONSABILIDAD CIVIL - DAÑO PATRIMONIAL
Puede manifestarse en dos formas típicas: o como la pérdida o disminución de valores ya existentes, esto es como un empobrecimiento patrimonial (daño emergente), o bien, como la frustración de ventajas económicas esperadas, es decir, como la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto (lucro cesante); en ambos aspectos se debe probar la existencia del hecho generador de responsabilidad y la relación causal entre el hecho y el daño, para poder hacer efectiva la obligación de indemnizar. Es preciso la prueba del daño y su cuantía, mientras esa prueba no se rinda, no se conocerá el objeto de la reparación cuya existencia se determina por el perjuicio sufrido. Es decir, quien lo alega debe probar la entidad y el valor de los daños y perjuicios que reclama.
P.S. Tº II, Fº 302/308. 11/06/2008. SALA III. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERÍA. Magistrados: Moya, Moisés- Cuneo de García, Catalina Celia- Ferreira Bustos, Carlos Eduardo.

08280005
Expte. Nº 9209 “JORDÁ José Luis c/ Provincia de San Juan - Amparo por Mora”.
DERECHO ADMINISTRATIVO - SILENCIO DE LA ADMINISTRACIÓN
La administración está obligada a resolver, tiene el deber jurídico de resolver expresamente las cuestiones que frente a ella se susciten, y tiene que hacerlo conforme ciertas pautas que le son legalmente impuestas. Tiene a su cargo la impulsión e instrucción de oficio, (art. 1º de la Ley 3784), debe actuar con celeridad, economía, sencillez y eficacia, mediante decisiones fundadas, respetando los requisitos establecidos en el art. 7º.
Además no tiene que resolver en cualquier momento, sino dentro de los plazos y límites temporales que en cada caso se le fijen para hacerlo, pues los plazos son obligatorios para los interesados y para la administración y los particulares tienen derecho a una decisión fundada y por escrito. El silencio de la administración es la típica violación de un deber de acción, es que el silencio de la administración consiste en la duración de una situación que debe cambiar, la demora en resolver se convierte en silencio cuando vencen los plazos que la administración tiene para resolver. A partir de ese momento queda configurado el incumplimiento.

DERECHO ADMINISTRATIVO - RESOLUCIÓN DEFINITIVA: EFECTOS
La resolución definitiva es la que dicta la autoridad administrativa superior y que ya no puede reverse por la propia autoridad, mientras que la resolución administrativa causa estado cuando ella constituye la decisión final de la Administración, previo haberse agotado todos los recursos previstos en la ley de procedimientos administrativos.

AMPARO POR MORA - ACCIÓN: PROCEDENCIA
La acción es procedente cuando la Administración hubiera dejado vencer los plazos, y en caso de no existir éstos, si hubiera transcurrido un plazo que excediera de lo razonable sin emitir dictamen o la resolución, de mero trámite o de fondo que requiera el interesado; su ratio legis es proteger al administrado contra la morosidad administrativa.
P.A. Tº II, Fº 301/303. 11/06/2008. SALA III. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERÍA. Magistrados: Caballero, Humberto- Cuneo de García, Catalina Celia- Moya, Moisés.