En el XXX Congreso Nacional de Derecho Procesal, se debatió sobre el papel que cumplen las víctimas y la comunidad en la gestión de los conflictos.
La tarde del 13 de septiembre, en el marco del XXX Congreso Nacional de Derecho Procesal celebrado en San Juan, se dictaron ponencias sobre la relación entre la víctima y el Ministerio Público Fiscal. La Comisión de Derecho Procesal Penal, que reunió las disertaciones, tuvo lugar en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.
La Dra. Carolina Ahumada, investigadora del INECIP, disertó sobre la relación entre el fiscal y la víctima. Señaló que “el fiscal suele prescindir de la mirada de la víctima, pero es necesario preparar a la persona perjudicada y a los testigos antes del juicio para obtener información de mayor calidad”. “Tenemos que preguntarnos si las víctimas deben seguir siendo un invitado más o si deberían ser protagonistas de su propio juicio”, agregó.
Dra. Carolina Ahumada
En torno a ello, expresó que los magistrados deben trabajar y discutir cómo preparar a quienes van a dar testimonio, para evitar la la falta de coordinación que suele haber entre la víctima y el fiscal. Y aseguró que “esto implicaría desafíos en el ámbito organizacional, normativo y de investigación, pero es necesario”.
Luego tomó la palabra el Dr. Leonel González Postigo, director de capacitación del CEJA, quien analizó la evolución del Ministerio Público en América Latina y esbozó propuestas de implementación de políticas de persecución comunitaria. Comentó que “es necesario abandonar la visión reactiva de los Ministerios Públicos Fiscales, si sólo se investiga individualmente cada caso la probabilidad de éxito se reduce; es necesario levantar la mirada y gestionar la conflictividad social, yendo más allá de la investigación y estableciendo mayores puntos de encuentro con organismos del Ejecutivo, que con la extensión federal del sistema adversarial ya se está probando”.
Dr. Leonel González Postigo
Además planteó que el Ministerio Publico debe establecer vínculos concretos con actores estratégicos de la sociedad, organizaciones públicas y privadas, defensores privados y grupos vulnerables, para diagramar políticas de prevención de conflictos y soluciones integrales. La comunidad puede participar en la gestión de los conflictos, no sólo cuando le toca el lugar de víctima.
Como ejemplo concreto, señaló que “los grupos vulnerables son excelentes capacitadores en las complejidades que atraviesan, pueden coordinarse instancias en donde los grupos vulnerables socialicen con los operadores formales sus conocimientos sobre las situaciones que enfrentan”.
Como moderadores de la mesa de disertación, también estuvieron presentes el Dr. Juan Pablo Ortega, director de la Escuela Judicial del Poder Judicial de San Juan; el Dr. Fernando Díaz Catoni, profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires; y la Dra. María Paula Marisí, jueza de Cámara del Tribunal Oral de Mendoza.
Para finalizar, se abrió el debate al público y se les otorgó la palabra a los asistentes, quienes brevemente hicieron una devolución. La Dra. María Paula Parisí expresó su satisfacción con que se haya analizado la relación del Ministerio Público Fiscal con la víctima, temática poco abordada en los congresos de Derecho.
Dirección de Comunicación Institucional (DIRCOM)
(Comunicado de Prensa: 791 14092019)
