El juez Pablo Flores procesó a 6 policías y dictó Falta de Mérito a un séptimo involucrado. También los embargó, les prohibió acercarse y deberán dar asistencia al juzgado.
El juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, determinó este miércoles 28 de agosto la situación judicial de los siete policías de la Seccional Séptima de Pocito, quienes habrían agredido y golpeado a un detenido que finalmente los denunció.
A los policías Javier Jesús Ponces, Gustavo Gabriel Díaz y Martín Gabriel Paz los procesó sin prisión preventiva por considerarlos autor y co-autores, respectivamente, del delito de “severidades y vejámenes (art. 144 bis, inciso 3º C.P.) y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 C.P.), en concurso ideal (art. 54 C.P.)”.
Por su parte, al uniformado Facundo Nicolás González lo procesó sin prisión preventiva por considerarlo co-autor responsable el delito de “severidades y vejámenes (art. 144 bis, inciso 3º C.P.) y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 C.P.), en concurso ideal (art. 54 C.P.), todo ello en concurso real con violación de los deberes de funcionario público (otro hecho)”.
A los funcionarios policiales Luis Emanuel Gelves y Luis Guillermo Aguirre los procesó sin prisión preventiva por considerarlos autor y co-autor, respectivamente, por el delito de “violación de los deberes de funcionario público (art. 248 C.P.)”.
En cuanto al policía Mauro Nicolás Recio, el Juez le declaró la falta de mérito por el delito de “apremios ilegales y violación a los deberes de funcionario público, en concurso real (art. 144 bis inc. 3º, 248 y 55 del C. P.”). Recio sigue vinculado a la causa hasta que se produzcan nuevas pruebas y el Juez defina su situación legal.
El juez Flores se basó en cuatro artículos del Código Penal para encuadrar las figuras de los delitos de los ahora procesados.
En primer lugar, el artículo 144 bis establece que “será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo ´el funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones, o apremios ilegales´ (inc. 3).
Por otro lado, el artículo 248 versa sobre el “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”. Y al respecto detalla que “será reprimido con prisión de un mes a dos años ,e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
En tercer término, el artículo 54 expresa “cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor”.
Por último, el artículo 55 dice “cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos”.
Asimismo, el juez del Segundo Juzgado de Instrucción determinó embargar los bienes de los procesados hasta cubrir la suma de $ 100.000. Y también les impuso una serie de obligaciones, entre ellas, la prohibición de acercamiento a menos de mil metros del denunciante, Mauricio Emanuel Ontiveros, merodeo de su vivienda y de los lugares donde se encuentre el mismo, mantener cualquier tipo de comunicación con el denunciante, ya sea personalmente, por vía telefónica, por internet, redes sociales o por cualquier vía, ni realizar actos molestos, ni perturbadores, tanto para con aquel como con su familia. Otro requisito para los procesados es la obligación de presentarse una vez al mes en el Juzgado hasta que se haya clausurado la instrucción.
El hecho ocurrió el pasado 20 de junio, cuando Mauricio Emanuel Ontiveros fue detenido por personal policial en un control al no llevar consigo la tarjeta verde. Luego lo trasladaron a la Seccional Séptima, donde se negó a firmar un papel, acción que habría desencadenado en agresiones y golpes por parte de los uniformados, según declara en la denuncia. Las cámaras de seguridad fueron claves para determinar la situación ya que a través de ellas el Juez pudo observar cómo golpearon a Ontiveros.
Dirección de Comunicación Institucional (DIRCOM)
(Comunicado de Prensa: 765 28082019)