Personal de la OMA entrega útiles escolares en concepto de reparación simbólica al Hospital Tomás Perón, en Rodeo.

El sistema del proceso especial de Flagrancia debutó en San Juan en agosto de 2017. Y está dando excelentes resultados. Una de las formas de medir ese resultado positivo son los datos estadísticos arrojados por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).

Desde que arrancó el sistema, por Flagrancia han pasado más de 800 imputados. Según datos estadísticos, el 37 % de los imputados han sido sometidos por el juicio a prueba con condena condicional: quedan en libertad, pero si comenten algún otro delito se los enjuicia nuevamente y se suma el tiempo de la condena que solicitó el juez. Por otro lado, el 34 % tuvo como condena la suspensión de juicio a prueba, también llamada “probation”, en la que deben realizar, entre otras reglas de conducta, trabajos comunitarios gratis. Y el 18 % de los imputados tuvieron una condena efectiva y fueron trasladados al Servicio Penitenciario por distintas razones, entre ellas, la de ser reincidente.


A Flagrancia llegan aquellas personas que delinquen y son atrapados “in fraganti”, en el momento que es cometido el delito. Su principal objetivo es que los enjuiciados tengan su condena en, al menos, 48 horas hábiles. Para ello, la Dirección de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) en coordinación con el Ministerio Público Fiscal son los encargados de organizar y ordenar las audiencias que se van a realizar durante el día.
Los imputados primerizos, a los cuales se les otorga el beneficio de la “suspensión de juicio a prueba” por un tiempo determinado en las Audiencias de Presentación, tienen que cumplir con algunas medidas específicas dispuestas por el juez. Entre estas medidas impuestas, algunas son económicas y otras materiales en concepto de reparación simbólica, en las que se incluyen pañales, útiles escolares, alimentos no perecederos que son donados a distintas instituciones.
Esto quiere decir que las personas quedan en libertad, pero bajo un seguimiento personalizado. Este seguimiento está a cargo de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), cuya función es llevar a cabo el cumplimiento y la planificación estratégica para que se haga efectivo el pedido del juez. Y que, posteriormente, puedan ser reinsertados en la sociedad.

 

Según detalló Matías Senatore, Director de la OGA y coordinador de la OMA, “el desafío de esta unidad fue trabajar la parte social y responsabilidad social gubernamental que tenemos como institución”. Para eso, el coordinador destaca que fue muy importante que “la Corte nos haya acompañado y fortalecido con la firma de varios convenios ya concretados y próximos a concretar para seguir tejiendo esta red de instituciones que, sin ningún intercambio económico, se suman a cumplir con este rol social que tenemos como institución, pública y no pública”.
La OMA está compuesta por profesionales en psicología, en administración de empresas y en trabajo social.
Guillermo Sansone, licenciado en Administración de Empresas, expresó que desde la oficina “realizamos el seguimiento de los que delinquen por primera vez y tratamos de encauzarlos por el nuevo camino dándoles una nueva oportunidad.”

 

Por eso, la mayoría de los que llegaron a esta instancia en la audiencia de presentación, que es la primera audiencia en la que se lo juzga, terminan realizando trabajos comunitarios en las municipalidades, especialmente en las Oficinas de Empleos donde se realizan cursos y existe la posibilidad de lograr un puesto laboral.
Desde el área de Psicología también se hace una evaluación a los imputados primerizos realizando un examen mental obligatorio el cual determina en buena medida “el perfil y características de la personalidad, o si la persona tiene mayor capacidad del control de sus impulsos; puede planificar sus acciones o si están empobrecidas sus relaciones personales”, según expresó la licenciada Vanesa Hernández.

 

Por su parte, la trabajadora social Gabriela Carabajal realiza entrevistas socio ambientales en las que se hace hincapié en el grupo familiar del imputado. Además se encarga de controlar “la entrega de certificados en el caso que tengan que terminar la escuela primaria o secundaria, o la acreditación de cursos o capacitaciones laborales”, comentó la profesional.
Esto es así porque muchos de los jóvenes que llegan a esta instancia no tienen estudios secundarios completos. Del total de juzgados hasta el momento, el 33 % no alcanzó ese nivel de escolaridad. Mientras que un 12 % tiene incompleta la educación primaria.

 

CASOS EMBLEMÁTICOS

Son muchos los primerizos que delinquen y son aprehendidos para luego pasar por el sistema de Flagrancia. En un alto porcentaje esto es consecuencia del consumo estupefacientes (droga). La pena que se les otorga, cuando no tienen antecedentes graves, es el beneficio de la suspensión de juicio a prueba. La OMA, ante estas situaciones, en el que el imputado es una persona joven, entre los 18 y 24 años, entiende que es necesario que puedan ser reinsertados en la sociedad. Además, es menester destacar el pedido de los jóvenes y familiares que solicitan un tratamiento con internación para salir de esa situación de drogadicción. Por lo tanto, durante el periodo en el que transcurre el seguimiento, observan que los jóvenes manifiestan tener la voluntad de no caer en la delincuencia nuevamente. Esta situación se puede ver con facilidad en casos donde los imputados realizan actividades extras a las que ordenó el juez.

Uno de ellos es Braian Fabián Molina (19). El joven, juzgado por el delito de hurto simple, tuvo que cumplir con el pago de 600 pesos en total para las dos víctimas. Durante los trabajos comunitarios en el C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) en Médano de Oro, Molina participó de talleres sobre violencia a la mujer y drogadicción. Por su buena conducta y predisposición, el C.I.C. lo incorporó al “Plan Joven” a través de la Oficina de Empleo de la Muncipalidad. Y, además, fue incluido en el programa de Alfabetización “Yo sí puedo”, a través del cual aprendió a escribir su apellido.

Otro caso es el de Aldo Exequiel Cabrera, de 18 años, acusado de robo simple en grado de tentativa. Cabrera realizó trabajos de limpieza y jardinería en el C.I.C. comunitario de “El Mogote” en el Municipio de Chimbas. Al mismo tiempo, por iniciativa propia, comenzó un curso de computación en el club UPCN y prácticas de boxeo en el Club Mocoroa, en Concepción.

Un caso similar es el de Braian Leonardo Cortéz, de 19 años, quien fue juzgado por robo simple en grado de tentativa y también fue beneficiado por la suspensión de juicio a prueba. Cortéz cumplió con las tareas comunitarias en el Hospital Mental de Zonda, dependiente del Ministerio de Salud de San Juan. El joven empezó a hacer varios cursos, entre ellos, uno de computación y participó de un taller jurídico contable. Además, finalizó con éxito el Seminario de Prevención de Adicciones para Líderes Juveniles, organizado por el Gobierno de San Juan, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. Es oportuno destacar que, además de la medida dispuesta, Braian comenzó por iniciativa personal con la realización de una huerta orgánica y pintura recreativa en el Hospital Mental de Zonda.

El gobernador Sergio Uñac entrega certificación del Seminario a Cortez.

 

En el caso de Cintia Abregú, de 38 años, 2 hijos y un marido con discapacidad motriz que le imposibilita salir a trabajar, la mujer tuvo que realizar tareas comunitarias en la plaza principal de Caucete y entregar 200 pesos en pañales a favor de Casa SAHNI. Abregú, arrepentida por el delito que cometió en un supermercado y que fue juzgada por el delito de robo simple, también participó de varios cursos. Y, como iniciativa personal, comenzó con un microemprendimiento en la fabricación de artesanías. Este trabajo le brindó a Abregú la posibilidad de un nuevo ingreso económico, ya que en el momento del hecho se desempañaba eventualmente como empleada doméstica.

Por su parte, Maximiliano Rodríguez (21) y su pareja Maira Nair Ortiz (20) también fueron juzgados en Flagrancia, por el delito de hurto simple cometido en Changomás. Ambos cumplieron con las tareas comunitarias impuestas por el juez en el perímetro del Servicio Penitenciario Provincia (SPP) y en el Municipio de Ullúm y el pago de 400 pesos cada uno a favor del supermercado. Rodríguez, luego de esa actividad, consiguió trabajo en la empresa “Federico Construcciones”. La mujer, trabajó como promotora en la última Fiesta Nacional del Sol y concluyó los estudios secundarios. Actualmente, los jóvenes tienen fecha de casamiento para el mes de septiembre y así se lo hicieron saber a personal de la OMA.

Asimismo, Leonardo Federico Cuevas, de 24 años, juzgado por el delito de hurto simple, cumplió con los trabajos comunitarios en la Municipalidad de Chimbas, realizando una reparación simbólica a favor de la víctima por 300 pesos. Cuevas concretó cursos de computación en el gremio UPCN y comenzó a entrenar en el equipo de fútbol “Belgrano Unidos”, en Santa Lucía. Con la necesidad principal de mejorar la relación con su familia, especialmente con sus padres, Leonardo empezó a asistir a terapia psicológica en el centro de salud “Villa el Salvador”. Tiempo después, motivado por el pedido de su novia, el muchacho asistió a las misas de sanación en la Iglesia Catedral y los domingos en una parroquia en Chimbas. Al poco tiempo recibió el sacramento de la confirmación en la Capilla Santo Domingo, en Chimbas.

Certificado de Confirmación de Cuevas.

 

 

CONVENIOS

En el marco de la reinserción,  Monseñor Jorge Lozano visitó el sistema de Flagrancia con el fin de firmar un convenio entre la Corte y la Iglesia Católica. Es para quien delinque por primera vez y se lo somete a tareas comunitarias como parte del proceso de reinserción social.

Monseñor Lozano junto a las Máximas Autoridades de la Corte de Justicia y Flagrancia

 

Con mucho interés el Obispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, visitó el sistema penal de Flagrancia junto a Guillermo De Sanctis (a cargo interinamente de la presidencia de la Corte), la ministra Adriana García Nieto y los ministros Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero. Mario Parisí, supervisor general de Flagrancia, con Matías Senatore, director de la OGA (Oficina de Gestión de Audiencia) fueron los encargados de dirigir a las autoridades dentro del edificio.
En la oportunidad los ministros de la Corte de Justicia dialogaron con monseñor Lozano, explicándoles cómo funciona Flagrancia. Por su parte, Parisí explicó con detalles el procedimiento, desde que se detiene a una persona en flagrante delito hasta su juzgamiento. Por su parte, el obispo Lozano se interesó por la cantidad de personas que fueron enjuiciadas y condenadas. Senatore se refirió a los números y estadísticas que manejan en Flagrancia.
La máxima autoridad de la Iglesia Católica se mostró optimista en dar apoyo institucional y se comprometió con la Corte de Justicia a firmar un convenio en un futuro inmediato, con el fin de ayudar a la reinserción social de las personas que en el sistema penal de Flagrancia caen por primera vez cometiendo un delito. Cabe recordar que, para esos casos en los que se aplican las probation o suspensión de juicio a prueba, el Ministerio Público Fiscal y el abogado defensor tienen como herramienta acordar y someter a las personas sorprendidas in fraganti a cumplir tareas comunitarias. Y en ese punto es donde se trabajará junto a instituciones de la Iglesia Católica, tal como se viene haciendo con reparticiones públicas y privadas.
Monseñor Lozano, acompañado de Héctor Allende (integrante de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz del Arzobispado que dirige el Obispo), preguntó sobre las causas de los delitos que se juzgan en Flagrancia. Y la respuesta del personal fue contundente: la mayoría es por droga.
Parisí destacó que San Juan es ejemplo en el país en este tipo de procedimiento, comparado con provincias como Mendoza y algunas del Sur del país.
El obispo Jorge Lozano destacó la importancia del convenio que se firmará con la Corte de Justicia para las personas primerizas en el delito. También remarcó el Obispo que “es un problema de todos porque por ahí nuestra sociedad es demasiado maniquea: señala el error, juzga con el dedo, pero cuando hay que poner manos para buscar alguna alternativa todos nos borramos y cada uno se queda con la crítica. Esto es una tarea de todos, porque de una u otra manera nos afecta a todos como sociedad”.
Terminado el recorrido por todas las instalaciones del Flagrancia, monseñor Lozano realizó en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) una bendición a todo el personal y a las autoridades presentes.

Monseñor Lozano imparte una bendición al personal de Flagrancia.

 

Convenio: Sindicato de Empleados de Comercio

Este convenio es para casos de probation y fue suscripto por Omar Bellicoso, secretario de Cultura de la Federación Argentina de Comercio y Servicio (FAECYS).

El Secretario de Cultura de la Federación Argentina de Comercio y Servicio, Omar Bellicoso, firma convenio con la Corte.

 

La Corte de Justicia de San Juan y el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) firmaron un convenio marco inédito para la reinserción social de las personas que delinquen por primera vez y son sometidas a una “suspensión de juicio a prueba (probation)”.
“Es la primera vez que firmamos un convenio de este tipo a nivel nacional. Estamos muy agradecidos que hayan confiado en nuestra organización para colaborar con la rehabilitación de las personas a través de un entrenamiento laboral”, informó Omar Bellicoso, secretario de Cultura de la Federación Argentina de Comercio y Servicio (FAECYS), la institución nacional que dirige Armando Cavalieri (secretario general), de la cual depende el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) de San Juan.
El convenio fue firmado por Mirna Moral, secretaria general del SEC en San Juan y Miguel Funes, subsecretario de Cultura del SEC de San Juan.
Por parte de la Corte de Justicia de San Juan, el convenio fue suscripto por el presidente de la Corte de Justicia, José Abel Soria Vega. Del acto participaron todos los ministros: Guillermo De Sanctis, Adriana García, Adolfo Caballero y Ángel Medina Palá. Y el subsecretario administrativo Mauricio Cerezo.
La capacitación gratuita será en técnicas de venta, reposición de mercaderías, atención al cliente y cajeros. Y el curso está certificado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, otorgados a través de la FAECYS.

Omar Bellicoso junto al Presidente de la Corte de Justicia, José Abel Soria Vega.

 

La primera reunión será entre el subsecretario Funes y Matías Senatore, de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Flagrancia, para coordinar las primeras capacitaciones con imputados en ese sistema de procedimiento del fuero penal.
El cortista De Sanctis detalló que “este convenio marco firmado con el sindicato de los trabajadores de comercio a nivel nacional no es solo para las personas con probation en Flagrancia, sino que abarcará a todas las suspensiones de juicio a prueba del sistema penal, incluyendo desde lo correccional hasta los que lleguen a juicio en la Cámara Penal”.
La suspensión de juicio a prueba se aplica a las personas que delinque por primera vez y no tienen antecedentes penales. Las resoluciones judiciales van desde la obligación de terminar la escolaridad primaria o secundaria hasta realizar tareas comunitarias o capacitación. En ése último ítem entra el convenio con el SEC, tal como la Corte de Justicia viene realizando con otras organizaciones.

 

Dirección de Comunicación Institucional