El 9 de agosto de 2017 arrancó en San Juan el sistema especial de Flagrancia como una política de Estado en la que coincidieron los tres poderes para darle velocidad judicial a la resolución de hechos de inseguridad. Un año después, 10 puntos en los que se destacó el procedimiento judicial con el cual la Corte de Justicia experimentó modelos de gestión positivos.

1. El exitoso debut de la investigación fiscal

El funcionamiento del sistema del Procedimiento Especial de Flagrancia es distinto al tradicional en el fuero penal sanjuanino, donde el juez dirige la investigación de un hecho delictivo. Con Flagrancia debutó en San Juan la investigación fiscal. Y aprobó con creces.
La investigación en Flagrancia está dirigida por el Ministerio Público Fiscal, cuya política criminal es fijada por el Fiscal General de la Corte, Dr. Eduardo Quattropani. Se trabaja codo a codo con la Policía de San Juan, las 24 horas del día y los 365 días del año. Y es el fiscal quien produce las pruebas, según la necesidad de cada caso. Una vez en la audiencia y ante el juez de Flagrancia, el fiscal presenta el caso.
Los fiscales en Flagrancia están bajo la tutela de dos fiscales coordinadores, Dr. Daniel Guillen y Dr. Fabrizio Medici.
Les siguen cuatro fiscales de primera instancia que integran la UFI (Unidad Fiscal de Investigación): Dr. Virginia Branca, Dr. Iván Grassi, Dr. Ignacio Achem y Dr. Adrián Riveros.

AYUDANTES DE FISCAL

En el orden jerárquico del Ministerio Público siguen los Ayudantes de Fiscales.
Son los primeros en llegar al lugar del hecho. El Ministerio Público tiene personas trabajando en forma directa en las comisarías con la Policía de San Juan, por lo tanto tienen la experiencia inicial en un procedimiento. Organizados en turnos rotativos, en todo momento hay uno de ellos junto a los policías para abordar un caso in fraganti.
El cuerpo de los ayudantes de fiscales en Flagrancia está formado por:

Dr. Francisco Pizarro
Dr. Nicolás Schiattino
Dr. Raúl Iglesias Galante
Dr. Pablo Martin
Dr. Renato Roca
Dr. Roberto Ginsberg
Dr. Oscar Ghilardi
Dr. Mariano Carrera
Dr. Alejandro Solera
Dr. Cristian Gerarduzzi
Dr. Roberto Galiano
Dra. María Beatriz Vaca
Dr. Nelson Bustos
Dr. German Cuk
Dr. Carlos Cáceres
Dra. Cecilia Cangialosi
Dr. Leonardo Arancibia
Dra. Valentina Bucciarelli
Dr. Atilio Yanardi
Dra. Claudia Ruiz Carignano
Dr. Jose Aníbal Quiroga

LA DEFENSA

Tras ser detenida una persona in fraganti, tiene derecho a un abogado defensor. El procedimiento especial de Flagrancia pone a disposición defensores públicos para garantizar ése derecho. En el año de funcionamiento de Flagrancia, la intervención de defensores oficiales y privados fue compartida: 56 % y 44 %, respectivamente.
La cabeza de la defensa pública en Flagrancia es la Dra. Mónica Sefair, Defensora Coordinadora, y los defensores oficiales son: Dr. Juan Facundo Gil Nale, Dr. Daniel Ángel Montiel, Dr. Lisandro Andrés Zapata Lloveras y Dr. Alejandro Raúl Martin García.

Finalmente, el Ministerio Público en Flagrancia tiene a dos reconocidos policías en el Cuerpo de Investigación Fiscal, a cargo de los comisarios Carlos Fabián Avella y Diego Ernesto Rocha.

JUECES

En Flagrancia, en la primera audiencia, los jueces escuchan la presentación del caso que hace el fiscal relatando el hecho y los argumentos de la defensa. Indagan al imputado con el fin de que de su testimonio o no. Y, finalmente, resuelve el caso, puede ser absolviendo, aplicando una condena u homologando un acuerdo de pena, en caso de que así sea solicitado por el fiscal y la defensa. En este último caso el juez impone reglas de conducta y medidas socioeducativas.
Los jueces de Flagrancia son:  Dr. Ricardo Moine, Dr. Eduardo Raed, Dr. Ricardo Grossi Graffigna y Dr. Carlos Alberto Lima.

2. Los números hablan del sistema (*)

(((* Todas las estadísticas son con datos al 31 de julio de 2018)))

El tiempo promedio que dura un procedimiento, entre que una persona es aprehendida en el momento que comete el hecho, hasta que se resuelve la causa.

La mayoría de los casos que fueron juzgados en Flagrancia y ya tuvieron una resolución del juez con una condena efectiva o condicional, o bien fueron beneficiados con la suspensión de juicio a prueba en la que el imputado queda en libertad, pero tiene que cumplir reglas de conducta, se resolvieron en la primera audiencia, sin necesidad de llegar al juicio con la presencia de testigos.

Del total de las audiencias, la mayoría de los penados recibió una condena, efectiva o condicional. Y más de 300 recibieron la pena de la suspensión de juicio a prueba, también llamada “probation”.

El sistema de Procedimiento Especial de Flagrancia ha tenido muy buena repercusión en la sociedad. Esto se refleja en los resultados de las encuestas realizadas a víctimas.

La sistematización del sistema de Flagrancia permitió realizar un mapa provincial de los hechos delictivos.

Un poco más de la mitad de las audiencias estuvo a cargo de defensores oficiales, dispuestos por el Ministerio Público Fiscal.

En Flagrancia realizaron más de 750 audiencias.

 

3. El auspicioso modelo de la OGA

La Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) está bajo la dirección de Matías Senatore. La OGA lleva a cabo el soporte administrativo de la actividad jurisdiccional y depende de la Corte de Justicia. Su rol es administrativo y de gestión logística. En la práctica, es el motor de Flagrancia.
“Es la primera y la única que existe en el Poder Judicial de San Juan. Actualmente se está tratando de ir hacia este modelo de oficina por los buenos resultados”, expresó Senatore. Y agregó que “lo innovador es que dependa de políticas de gestión operativas de la Corte y no de una persona que está abocada a lo técnico jurídico”.

Asimismo, el Dr. Senatore comentó que la experiencia de la OGA ha sido exitosa puesto que “Flagrancia ha marcado un antes y un después en la comunidad jurídica y en toda la sociedad. Tanto para la gente, desde el ciudadano común, y para la Policía de San Juan, que tiene un rol importante en velar por el ciudadano. La actuación del Ministerio Público Fiscal, que a su vez pone a disposición la defensa para los imputados, como los jueces que están a disposición para resoluciones inmediatas, han sido las claves en el sistema para el éxito de la gestión”.
Al año de funcionamiento, Senatore indicó que la OGA no ha sufrido mayores cambios. Al poco tiempo de comenzar a trabajar, a través de la Corte, se incluyó una unidad de gestión y calidad que ayudó en el camino de implementación.
La OGA, cuyo personal está compuesto por 22 personas, tiene un buen rendimiento porque “es una sumatoria de gente con ganas, que apuesta al cambio”, agregó el director.
A su vez dentro de la OGA funciona la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) en la cual “se trabaja como una especie de lazarillo frente al imputado o víctima para que puedan sentir que el Poder Judicial llega a la comunidad”. Por eso, Senatore comentó que Flagrancia “es un compromiso de todos. Estamos devolviendo a la sociedad algo de lo que nos toca.”
Al hacer una evaluación sobre el proceso, Matías Senatore consideró que hay puntos en los que se debe profundizar para que no se conviertan en negativos. “Seguir mejorando es un punto a destacar, que no sea algo negativo sino una posibilidad de mejorar”, finalizó.

4. No solo condena rápida, sino reinserción

La Oficina de Medidas Alternativas (OMA) pertenece a la Dirección de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). El trabajo de la OMA comienza cuando el juez le otorga al imputado el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, también llamada “probation”. Y en su funcionamiento fue clave la vinculación que la Corte de Justicia hizo con instituciones como el Arzobispado de San Juan y el Sindicato Empleados de Comercio (SEC).
Generalmente se le otorga a aquella persona que delinque por primera vez y que no tenga antecedentes penales, quedando en libertad pero bajo una serie de reglas de conducta impuestas por el juez.
Por eso en esta oficina se realiza el seguimiento para determinar si la persona que obtuvo la probation cumplió con las normas establecidas.
La OMA está compuesta por seis integrantes: cuatro psicólogas, una trabajadora social y un licenciado en administración de empresas.
Cada uno de ellos trabaja de manera personalizada con el probado (como lo denominan en la oficina).
Guillermo Sansone, licenciado en Administración de Empresas, expresó que desde la oficina “realizamos el seguimiento de los que delinquen por primera vez y tratamos de encauzarlos por el nuevo camino dándoles una nueva oportunidad.”

Desde el área de Psicología se hace una evaluación a los imputados primerizos realizando un examen mental obligatorio, el cual determina en buena medida “el perfil y características de la personalidad, o si la persona tiene mayor capacidad del control de sus impulsos; puede planificar sus acciones o si están empobrecidas sus relaciones personales”, según expresó la licenciada Vanesa Hernández.

En la misma sintonía, la psicóloga Emilia Lucero comentó que “el procedimiento empieza cuando le realizamos una entrevista posterior al resultado de la audiencia. Le hacemos el seguimiento, los orientamos a los lugares donde tienen que ir y les recordamos las reglas a cumplir como las reparaciones simbólicas, terminar la escuela, adquirir un oficio, tratamiento contra adicciones”.
“Me llamó la atención la incidencia de las drogas. Y el caso de B.C. que decía que no sabía por qué había cometido el hecho. Luego vimos que su mamá había fallecido hacía un mes y el muchacho estaba bajo dependencia económica de su hermana. Se agarró a tiempo y le mostramos que hay otras opciones de vida. Y cambió totalmente su vida”, comentó la psicóloga, detallando uno de los casos con los que trabaja la OMA.
Además, agregó que “hay chicos que han robado por necesidad. Y luego se vio su buen cumplimiento. Percibís si va a cumplir con la tarea o no, si lo asume como un error o no. La mirada está puesta en el que cumple.”, concluyó.
Gabriela Carabajal es la trabajadora social de la OMA y es la que se encarga de realizar entrevistas socio ambientales en las que se hace hincapié en el grupo familiar del penado. Además, se encarga de controlar “la entrega de certificados en el caso que tengan que terminar la escuela primaria o secundaria, o la acreditación de cursos o capacitaciones laborales”, manifestó la profesional.

La OMA trabaja con un centenar de instituciones donde los imputados primerizos realizan las tareas comunitarias para cumplir con parte de las normas impuestas. Algunas de las instituciones son: Municipalidades de Chimbas, Capital, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, 25 de Mayo, Sarmiento, los CIC (Centros Integradores Comunitarios), Hospital Mental de Zonda, Servicio Penitenciario Provincial, Fundación Manos Abiertas, Comparecer, por mencionar solo algunas.
Al mismo tiempo, bajo la necesidad de generar nuevas redes entre Flagrancia y la sociedad, y mediante una acción emprendida por la Corte, se han realizado distintos convenios.
“Mi primer objetivo con el equipo de trabajo era uno o dos y ahora estamos en más de 200 primerizos que delinquen. Y al menos 100 creo que han entendido la consiga y les ha quedado algo bueno de haber pasado por un proceso como son las audiencias. Un mensaje lindo ha quedado. Eso supera mis expectativas en lo personal.”, concluyó contundente el coordinador de la OMA.
Durante el transcurso del año, la Corte concretó algunos convenios que facilitan la reinserción de los imputados primerizos.

Convenio Arzobispado

En el marco de la reinserción, Monseñor Jorge Lozano visitó el sistema de Flagrancia con el fin de firmar un convenio entre la Corte y la Iglesia Católica. Es para quien delinque por primera vez y se lo somete a tareas comunitarias como parte del proceso de reinserción social.

Con mucho interés el Obispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, visitó el sistema penal de Flagrancia junto a Guillermo De Sanctis (a cargo interinamente de la presidencia de la Corte), la ministra Adriana García Nieto y los ministros Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero. Mario Parisí, supervisor general de Flagrancia, con Matías Senatore, director de la OGA (Oficina de Gestión de Audiencia) fueron los encargados de dirigir a las autoridades dentro del edificio.
Por su parte, el obispo Lozano se interesó por la cantidad de personas que fueron enjuiciadas y condenadas. Senatore se refirió a los números y estadísticas que manejan en Flagrancia.
La máxima autoridad de la Iglesia Católica se mostró optimista en dar apoyo institucional y se comprometió con la Corte de Justicia a firmar un convenio en un futuro inmediato, con el fin de ayudar a la reinserción social de las personas que en el sistema penal de Flagrancia caen por primera vez cometiendo un delito. Cabe recordar que, para esos casos en los que se aplican las probation o suspensión de juicio a prueba, el Ministerio Público Fiscal y el abogado defensor tienen como herramienta acordar y someter a las personas sorprendidas in fraganti a cumplir tareas comunitarias. Y en ese punto es donde se trabajará junto a instituciones de la Iglesia Católica, tal como se viene haciendo con reparticiones públicas y privadas.
También remarcó el Obispo que “es un problema de todos porque por ahí nuestra sociedad es demasiado maniquea: señala el error, juzga con el dedo, pero cuando hay que poner manos para buscar alguna alternativa todos nos borramos y cada uno se queda con la crítica. Esto es una tarea de todos, porque de una u otra manera nos afecta a todos como sociedad”.

Convenio: Sindicato de Empleados de Comercio

Este convenio es para casos de probation y fue suscripto por Omar Bellicoso, secretario de Cultura de la Federación Argentina de Comercio y Servicio (FAECYS).

La Corte de Justicia de San Juan y el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) firmaron un convenio marco inédito para la reinserción social de las personas que delinquen por primera vez y son sometidas a una “suspensión de juicio a prueba (probation)”.
“Es la primera vez que firmamos un convenio de este tipo a nivel nacional. Estamos muy agradecidos que hayan confiado en nuestra organización para colaborar con la rehabilitación de las personas a través de un entrenamiento laboral”, informó Omar Bellicoso, secretario de Cultura de la Federación Argentina de Comercio y Servicio (FAECYS), la institución nacional que dirige Armando Cavalieri (secretario general), de la cual depende el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) de San Juan.
El convenio fue firmado por Mirna Moral, secretaria general del SEC en San Juan y Miguel Funes, subsecretario de Cultura del SEC de San Juan.
Por parte de la Corte de Justicia de San Juan, el convenio fue suscripto por el presidente de la Corte de Justicia, José Abel Soria Vega. Del acto participaron todos los ministros: Guillermo De Sanctis, Adriana García, Adolfo Caballero y Ángel Medina Palá. Y el subsecretario administrativo Mauricio Cerezo.
La capacitación gratuita será en técnicas de venta, reposición de mercaderías, atención al cliente y cajeros. Y el curso está certificado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, otorgados a través de la FAECYS.
La primera reunión será entre el subsecretario Funes y Matías Senatore, de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Flagrancia, para coordinar las primeras capacitaciones con imputados en ese sistema de procedimiento del fuero penal.
El cortista De Sanctis detalló que “este convenio marco firmado con el sindicato de los trabajadores de comercio a nivel nacional no es solo para las personas con probation en Flagrancia, sino que abarcará a todas las suspensiones de juicio a prueba del sistema penal, incluyendo desde lo correccional hasta los que lleguen a juicio en la Cámara Penal”.
La suspensión de juicio a prueba se aplica a las personas que delinque por primera vez y no tienen antecedentes penales. Las resoluciones judiciales van desde la obligación de terminar la escolaridad primaria o secundaria hasta realizar tareas comunitarias o capacitación. En ése último ítem entra el convenio con el SEC, tal como la Corte de Justicia viene realizando con otras organizaciones.

Inauguró Genesaret, tras el convenio Corte-Arzobispado

Se trata de un centro hecho por voluntarios católicos que trabajarán gratuitamente en la reinserción de penados.

El centro funciona en una casa ubicada en Ramón y Cajal 214 Norte, Capital, propiedad de una de las voluntarias que impulsó el nuevo movimiento católico. Y nació como fruto del acuerdo firmado entre la Corte de Justicia del Poder Judicial de San Juan, y el Arzobispado, como máxima autoridad de la Iglesia Católica. Esa acta acuerdo determinó que la Iglesia Católica y el Poder Judicial trabajarán juntos en reinsertar a las personas que cometieron delitos.
En este caso se destacó que la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) de Flagrancia coordinará con CARITAS y con el movimiento Camino de Emaús la reinserción de las personas que son atrapadas in fraganti cometiendo un delito, que no tienen antecedentes y que son sometidas a una probation o “suspensión de juicio a prueba” (si el imputado no viola las reglas de conducta y cumple con la cantidad de horas de trabajo o de capacitación, se le da por resarcido el daño social).

En la inauguración estuvo presente el arzobispo Jorge Lozano, quien bendij cada una de las instalaciones de la casa; el Padre Eduardo; el diputado nacional Walberto Allende; el director del Servicio Penitenciario Provincial, Javier Figuerola; el titular de la Comisión Justicia y Paz, Héctor Allende; personal de Flagrancia; vecinos y los voluntarios católicos que concretaron la creación del centro Genesaret.
El Padre Eduardo, con vasta experiencia en el trabajo con personas privadas de su libertad, es quien está a cargo del nuevo centro.
Matías Senatore, coordinador de Flagrancia, habló en el acto inaugural: “Estamos convencidos de que vamos a sumar esfuerzos y estamos agradecidos que nos hayan convocado a trabajar”.
Por su parte, Fabiola Lara, del movimiento Camino de Emaús del cual depende el Centro Genesaret, comentó que “la idea es ayudar a las personas que nos envían desde Flagrancia con herramientas para el autoempleo y el empleo, con educación, cursos y, en el futuro, para los más avanzados, cursos de auto aprendizaje. También se ofrecerá contención espiritual y humana para sostener estos procesos de reinserción para recomponer los vínculos”.
La iniciativa se originó en la Pastoral Penitenciaria a través del trabajo del Padre Eduardo. “Se vio la necesidad de acompañar a las personas que iniciaron el proceso de cambio y no tienen un lugar de contención, en la figura de un hogar, en la que puedan vincularse con otras personas”, explicó Fabiola Lara.

5. Flagrancia, en carne y hueso

Florencia Cortés / Unidad de Seguimiento de Casos (USC)

Florencia Cortés es una de las tres contadoras que trabaja en la Unidad de Seguimiento de Casos (USC), junto a Cecilia Espinosa y Silvia Romero.

“Estoy en la USC, en la parte de agendamiento y notificación de las audiencias y datos estadísticos post audiencias.”
Florencia Cortés comenta que su trabajo consiste en que “cuando llega la solicitud por parte del Ministerio Público Fiscal, agendamos la audiencia y designamos el juez que se elige por cantidad de audiencias, ya que todos tienen que tener la misma cantidad”. Al fiscal lo designa el Ministerio Público Fiscal. Una vez designadas las partes que van a intervenir en la audiencia del caso, la contadora expresó que “mandamos mail a las partes, notificamos a las comisarías para que traigan al detenido, al Ministerio Público Fiscal, a la defensa, abogado particular, jueces, las operadoras de salas para que las preparen previo a la audiencia.”
Una vez que termina la audiencia se completan todos los datos relacionados al caso, desde los horarios de aprehensión hasta la audiencia para controlar el plazo legal. De esta manera, con la obtención de esos datos, entre las tres contadoras arman los gráficos estadísticos que se actualizan diariamente.
“Se controlan los tiempos para poder hacerlo en el menor tiempo posible, siempre que no se perjudique al proceso. Lo relacionado a los tiempos de cada carpeta y considerando los tiempos razonables porque todos los meses se hace un control de cada una de las unidades”, agregó.

Carina García / Operadora de Sala

Carina es abogada y en la OGA es una de las operadoras de salas de la Unidad de Seguimiento de Casos (USC). Comparte la actividad con tres operadoras: Andrea Arévalo, Agostina Giménez y Romina Posse. Cada una de ellas está designada a una audiencia y sala. Entre las funciones de las operadoras, ellas se encargan de “controlar que el sistema de audio y video funcione correctamente mientras se lleva a cabo la audiencia y confeccionar un acta de audiencia durante el desarrollo”, comentó Carina. También “se gestiona y se controla el ingreso del imputado, que la audiencia comience a horario, que los efectos secuestrados o pruebas estén en la sala”.
Una vez concluida la audiencia y dictada la sentencia del juez, las operadoras tienen la función de realizar los oficios que van a informar a las distintas comisarías dónde estuvo el detenido, el resultado de la audiencia, la situación del imputado aprehendido.
Sobre su trabajo en particular, Carina expresa que “el nivel y calidad humana es excelente. Entre las cuatro hemos creado un vínculo muy especial de compañerismo y solidaridad. En la OGA se trabaja bien sobre todo por el nivel humano. Y eso también se refleja en los jefes que escuchan en un nivel de igualdad y no de superioridad”.

Francisco Cerdera / Médico legista

“Mi actividad consiste en la recepción de los detenidos, hacerles un examen para ver las lesiones que puedan presentar para que después puedan pasar a las audiencias correspondientes.”
Sin embargo, no es la única función que cumple el médico en la institución. Además, manifiesta que “me han requerido como perito y como testigo de casos de acuerdo a las circunstancias que puedan surgir”.
Uno de los hechos que más llamó la atención de Cerdera es que “existen situaciones en las que hay chicos jóvenes que han errado en su forma de proceder y se han arruinado la vida y eso me afecta”.
La revisación de los detenidos se hacía en las comisarías y esto tenía como consecuencia la demora en el comienzo de las audiencias. Por eso, su ingreso al Poder Judicial de San Juan, específicamente a Flagrancia, fue para disminuir esa demora. “La Corte me designó para que a primera hora se pudiera recepcionar a los detenidos para empezar en cuanto antes las audiencias y esto acortaba mucho los plazos de trabajo. Y los informes se empezaron a hacer a través de esquemas y no por escrito. Para eso contamos con la ayuda de la doctora Beatriz Vázquez, jefa de Cuerpo Médico Forense y Morgue Judicial”, señaló Cerdera.

Emilia Lucero / Psicóloga

Emilia Lucero es licenciada en Psicología e integrante de la OMA. Junto a Vanesa Hernández, Silvana Ferrari y Paula Buso son las encargas del área de psicología de la OMA.
Respecto al trabajo, Emilia Lucero opina que “hay una apertura y mirada hacia el buen clima laboral y mejorar la potencialidad de cada uno, descubrir los recursos y herramientas internas de los integrantes para potenciarlos. Que cada uno se sienta libre de expresar las ideas que tiene, de cambio, de mejora. Eso te hace sentir bien al trabajar en equipo que hace que se fortalezcan los lazos. Que tengas la ayuda de todos aunque no sean de tu oficina”.
Desde una mirada puesta en la OMA, Lucero considera que “tiene una mirada muy social y las propuestas para fortalecer se tienen que ubicar en modelo de oportunidades, nuevas ideas y proyectos. Tal vez parece un rincón frío y distante, pero es lo opuesto porque la calidad humana es fundamental”.
Muy comprometida con su función, refiriéndose a las personas a las que les realiza el seguimiento de las normas de conducta que quedan bajo la mirada de la OMA, aclaró que “me gusta usar el término ´inserción´ y no ´reinserción´ porque son personas que están y han estado fuera del sistema y marginadas de la sociedad desde siempre. Por eso es inserción por primera vez”, aseguró.

 

Juan Martín y Jorgelina Recabarren / Unidad de Archivo y Resguardo de la Prueba (UARP)

Trabajan en la Unidad de Archivo y Resguardo de la Prueba (UARP) de Flagrancia. Ellos se encargan de hacer la recepción de los elementos secuestrados. La gente policial que ha realizado el secuestro lleva los efectos y una vez recibidos en la UARP se encargan de tenerlos bajo cadena de custodia a la espera de que se celebre la audiencia y los lleven a las salas. “Si se abre hay que ir a abrirlo y cerrarlo y luego se vuelve a archivar”, comentó Juan. “Después de la audiencia se determina si se devuelve a la víctima, en ese momento nos comunicamos con ella y le decimos que venga a retirar el efecto”, agregó.
La prueba no solo es el efecto secuestrado o robado, también puede ser la vestimenta del imputado.
Si la víctima no retira los elementos, también está previsto que la UARP los lleve a domicilio, especialmente en zonas alejadas del gran San Juan
Juan Martín comentó que “trabajando en archivo me siento muy bien, es un trabajo que te mantiene siempre alerta, no te dan respiro, algo que para mí es muy bueno, ya que me gusta estar siempre en movimiento”. Además, agregó que “es un orgullo y un placer ser parte de esta revolución en la justicia, 100 % dirigida hacia el bienestar de las víctimas.” No obstante, destacó la importancia de “compartir con un grupo de gente joven y con una energía y solidaridad destacable genera un ambiente laboral excelente.”
Por su parte, Jorgelina manifestó que si bien lleva poco tiempo en la UARP, asegura que conoce bastante bien el procedimiento. “Me siento bien en el trabajo, es un lugar edilicio lindo porque hay mucho espacio y luz”.

6. Expediente digitalizado: cero papel, más tecnología

En Flagrancia prácticamente no hay papel. Todo el proceso, desde que se aprehende al detenido hasta que se resuelve la causa, queda registrado en sistema oral digitalizado. Este sistema se reglamentó a partir de una acordada de la Corte de Justicia.
Lejos del sistema tradicional, todo el proceso se resuelve mediante la oralidad y queda registrado en archivos de audio y video.
Para usar este sistema, y acorde a los tiempos modernos en el que la tecnología tiene un rol predominante, durante el desarrollo de las audiencias se aplicó el uso tecnológico. Cada paso de las audiencias queda bajo este sistema. En vez del expediente en formato papel, se entrega un DVD.
Para ejemplificar, una de las audiencias, la que debutó a nivel tecnológico en Flagrancia, se realizó con la ayuda de Skype porque el imputado estaba internado en el Hospital Rawson en el momento de celebrar la audiencia. El imputado junto a su abogada siguieron el proceso desde la habitación del hospital.

Otra oportunidad en la que se usó la tecnología fue por un delito que ocurrió en Jáchal, en la Segunda Circunscripción Judicial. Con el fin de agilizar el proceso y evitar el traslado de todos los testigos, decidieron realizar la audiencia mediante videoconferencia, valiéndose de Skype. Así, mientras que el imputado y su abogado defensor estaban presentes en unas de las salas de audiencia de Flagrancia, las autoridades de Jáchal siguieron el proceso por videoconferencia.

También en Flagrancia aprovecharon las posibilidades que brinda la tecnología en una audiencia donde la víctima tenía que declarar, pero por seguridad no quiso cruzarse de nuevo con su agresor. Y como es fundamental que quien sufrió un hecho delictivo reconozca a su presunto agresor, debieron improvisar una rueda de reconocimiento. Para eso usaron las cámaras de alta definición y, en otro sector del edificio, la víctima identificó al imputado y quedó grabado por el personal de Flagrancia con otra cámara de video. Además, se hizo un acta detallando esa situación.

7. La seguridad, desde adentro

Para el funcionamiento del sistema de Flagrancia, se adquirió un edificio y se pensó en la seguridad.
Cuenta con dos ingresos con acceso al público, uno por calle Haití y el otro por Maipú, ambos con control policial.
Para mejorar la seguridad se ha implementado en el protocolo que el ingreso por calle Maipú, que pertenece a Fiscalía, ingresan solamente damnificados, testigos de fiscalía y de la parte acusadora y abogados. Por calle Haití ingresan familiares de detenidos y testigos de la defensa.
Esta organización se hace para que no se junten en ninguna circunstancia las partes antes de entrar a la audiencia.
Asimismo, los jueces, defensores y fiscales, tienen accesos distintos. Los jueces ingresan por el sector de la sala de confidencialidad después de que ingresa el detenido.
Si las medidas de seguridad lo permiten se sacan las esposas al detenido, siempre custodiado por un policía.
Hay carteles identificatorios donde se diferencian periodistas y público en general para saber con quién se está tratando en el sistema. El acceso a periodistas y público en general es distinto para que se pueda registrar quiénes ingresan al edificio. Los accesos a las salas están restringidos, según la capacidad y si las audiencias son públicas.

Hugo Vera es el jefe titular de la sección Centro Policial Flagrancia, dependiente del Departamento Asuntos Judiciales D5 de la Policía de San Juan.
El comisario manifestó que el perfil del personal para Flagrancia es que tenga “conocimiento acabado de las normas de policía, especialmente manejo de detenidos. Nuestra función específica es la contención del detenido que traen de la comisaría hasta el momento de constituirse la audiencia. A medida que va avanzando el tiempo se va capacitando más en el manejo con el detenido, el trato con el detenido”.
Vera considera que la función que cumple la policía con el detenido en el edificio es transitoria y por ello es diferente a una comisaría o en el Penal porque “tenemos que tratar que durante las horas que esté con nosotros lo pase lo más tranquilo posible a efectos de que llegue tranquilo a la audiencia y no tenga ningún problema. Muchos detenidos tienen conocimiento de la gravedad del hecho y nos ha pasado que unos vienen muy agresivos, otros muy deprimidos y otros son tranquilos. Tratamos de que sea un trato cordial y que entiendan que lo vamos a acompañar en este proceso mientras que haga bien las cosas. Para eso pongo a disposición policías que conversen con ellos”.
Con un total de 17 efectivos, el cuerpo policial se hace cargo del edificio de Flagrancia las 24 horas. “Los turnos de las guardias se dividen en 3 periodos y el personal cuenta con custodias masculinas y femeninas”.
Entre los casos extraños en los que le tocó participar, el jefe de policías de Flagrancia comentó que “hubo detenidos que llegaron diciendo que tenían ataques de epilepsia. Como no estaba el médico legista llamamos a Emergencias. Se tiraba al piso y no sabíamos si era verdad o no. Ante esta situación hicimos un protocolo de actuación junto con el coordinador de la OGA para llamar a emergencias médicas en esos casos”.

 

8. Víctimas de la inseguridad hablan de Flagrancia

 

9. Reinsertados, en primera persona

Visiblemente arrepentidos por el delito que cometieron, tres jóvenes contaron su paso por Flagrancia.

10. Flagrancia, modelo nacional

Para implementar el sistema de Flagrancia, personal de la Corte de Justicia viajó a otras provincias y países, adaptando lo que sirvió en esos lugares y aprovechando la experiencia de lo que no funcionó para tomar resguardos.
En la visita de JUFEJUS (Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), los cortistas se mostraron interesados y consultaron datos, al verse sorprendidos por los resultados positivos de Flagrancia en el Poder Judicial de San Juan.
Durante la visita se vieron sorprendidos por el breve tiempo en la resolución de las causas. En la mayor parte del país la velocidad no funciona como en San Juan, por eso es un ejemplo.
El modelo se inspiró en la experiencia de Costa Rica (2008), en el intento de Mendoza (2007) y en la experiencia de Buenos Aires (2004) haciendo un estudio profundo de la legislación y del sistema, trazando un plan estratégico para superar los inconvenientes que ellos habían tenido. A partir de la reforma de Chile (2000) se tomaron elementos del sistema acusatorio, especialmente por la tecnología y la forma de litigación que faltaba en San Juan.

Con estas experiencias surgió un plan para tener una ley que fuese lo más práctica y óptima en función a los objetivos. Se analizó la organización donde era fundamental: la infraestructura destinada exclusivamente para bajar los tiempos para evitar desplazamientos y reprogramar.
La ley contempló plazos posibles para concretar las audiencias, mientras que en otras provincias no fue así. Se tuvo en cuenta que en otros lugares se fracasó por una expectativa que no respondía a los modos administrativos de la Policía y de la Justicia, lo que provocó un colapso y el sistema fracasó.
El principio de oralidad de Flagrancia ha sido tan contundente, tan férrea la actitud de la Corte y del Ministerio Público para defenderlo, que más allá del legajo fiscal, similar a un sumario pero más breve (lo único en papel), las demás actuaciones son orales: la sentencia, las comunicaciones son por vía electrónica y el procedimiento se ha adaptado a lo necesitado.
Se ha separado la tarea administrativa de la investigativa. También se trabajó en recursos humanos con perfiles específicos.

Es dinámico y eficaz el procedimiento. Y se han superado todos los obstáculos. Los errores se han detectado a tiempo y se han subsanado. También ha servido a los fueros Civil y Laboral para que se planteen la necesidad de procesos orales que permiten la rapidez y sencillez.
Pensando en el futuro, Flagrancia empezó en junio último a capacitar a estudiantes avanzados de Derecho de la Universidad Nacional de San Juan, como así también a estudiantes avanzados de la Escuela de Policía. Ambas instituciones pidieron ese entrenamiento al observar lo avanzado del sistema especial del fuero penal sanjuanino.

 

 

CORTE DE JUSTICIA

Dr. José Abel Soria Vega. Presidente

Dr. Guillermo Horacio De Sanctis

Dr. Ángel Humberto Medina Palá

Dra. Adriana García Nieto

Dr. Adolfo Caballero

Fiscal General, Dr. Eduardo Quattropani

 

 

 

Dirección de Comunicación Institucional