Fue por votación unánime de los fiscales y procuradores generales de la totalidad de las provincias del país y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reunión 32° Asamblea de Fiscales en Ushuaia.
El fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, Dr. Eduardo Quattropani, fue designado como Presidente del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina. La decisión fue por votación unánime de los Fiscales y Procuradores Generales de la totalidad de las provincias del país y Cuidad Autónoma de Buenos Aires.
La designación de las nuevas autoridades quedaron conformadas durante la reunión de las 32° Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos y respectivas Asambleas ordinarias de los Consejos de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina que se realizó en Ushuaia. El fiscal General de San Juan presidirá la asociación por dos años.
Así, el Consejo de Política Criminal quedó conformado de la siguiente manera: el Presidente Dr. Eduardo Quattropani (San Juan), Vicepresidente l Dr. Luis De La Rua (Santiago del Estero), Vicepresidente ll Dr. Jorge Baclini (Santa Fe), Secretario Dr. Jorge Canteros (Chaco), Prosecretario Oscar Fappiano (Tierra del Fuego), Tesorero Jorge García (Entre Ríos), Protesorero Dr José Gómez Dummel (Córdoba), vocales Dres. Edmundo Jimenez (Tucumán), Abel Cornejo (Salta), José Gerez (Neuquén), Vocales suplentes Dr. Julio Conte Grand (Buenos Aires), César Sotello (Corrientes), Enrique Lillejedhal (Catamarca).
Quattropani ya había sido presidente del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina durante el período 2009-2011 y de 2011 a 2013, época que según manifiestan ambos consejos “se concretó el proyecto más integral y federal de la Justicia Argentina, la instalación de laboratorios de investigaciones forenses en todas las provincias del país y en las diferentes regiones”.
El fiscal General de la Corte, Dr. Eduardo Quattropani, firmando el traspaso del edificio del CAVIG.
En ese encuentro también se eligieron las autoridades del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Alejandro Gullé fue elegido en la presidencia.
Además, se pusieron a consideración otros puntos en el que deberán trabajar fiscales y procuradores. El documento detalla los siguientes:
– Resulta ser un imperativo categórico que las provincias que todavía no lo hacen y la jurisdicción nacional accedan a la urgente implementación del sistema acusatorio de modo tal de cumplir con el único sistema con apego constitucional a la par de democratizar la justicia penal.
– Asimismo, abogamos por la implementación de la oralidad en el fuero civil de familia y todo otro fuero tanto en primera como en segunda instancia.
– que reconociendo se han dado pasos importantes en el abordaje de la violencia de género e intrafamiliar urgimos a dotar a los Ministerios Públicos Fiscales recursos suficientes para el funcionamiento de Fiscalías temáticas en cantidad requerida. Así como la implementación de juzgados donde se aborde la totalidad de la problemática de las víctimas reclamando, respetuosamente, todos pongamos lo necesario para articular soluciones y acciones interpoderes.
– que renovamos nuestra denuncia sobre el indisimulado avance del ejecutivo de la provincia de Jujuy por sobre la justicia provincial y específicamente sobre el Fiscal General Dr. Alejandro Ficoseco que ha sido, y es, sometido a una infame persecución política.
– que reclamamos en esa y en todas las jurisdicciones el respeto por la función e independencia del Ministerio Público al mismo tiempo que postulamos de parte de los miembros del Ministerio Público Fiscal una conducta ajustada a la importancia de la función y a las gravísimas responsabilidades que emergen del cargo.
– que del mismo modo es procedente poner en práctica las acciones que conduzcan al fortalecimiento de la defensa publica y las asesorías oficiales en orden a su fundamental importancia para el debido proceso y la protección de derechos constitucionales.
– que propugnamos una mesa de diálogo con las próximas autoridades nacionales y de las distintas jurisdicciones para dar una solución de fondo a la problemática del narcotráfico y del narcomenudeo, temas que, hoy, se encuentra en un estado de intolerable anarquía estructural y organizativa con unas cuantas jurisdicciones desfederalizadas y otras tanto no, con claro incumplimiento de la Nación en cuanto transferencia de fondo y voluntad de hacerlo.
– que insistimos en la bondad de mantener vigente el proyecto de instalación de laboratorios de investigaciones forenses en todas las regiones y provincias del país, proyecto que reconoce su inicio en el año 2010 continuó en el gobierno que asumió en 2015, seguramente por ser el más integral y federal de la historia de la justicia argentina.
Dirección de Comunicación Institucional/ Poder Judicial de San Juan
