IA Y FUNCIÓN JUDICIAL: ALCANCES, LÍMITES Y DESAFÍOS

Se desarrolló una capacitación virtual sobre el impacto de la inteligencia artificial en la labor judicial.

Dirigida a magistrados, funcionarios judiciales, profesionales del derecho y personas interesadas de todo el país, el 12 de junio tuvo lugar la capacitación denominada “IA y función judicial: alcances, límites y desafíos”, a cargo del Dr. Hernán Quadri, juez de Cámara en lo Civil y Comercial de Morón, Buenos Aires, y especialista en Derecho Procesal y Transformación Digital en la Justicia.

Organizada por la Corte de Justicia de San Juan, a través de la Escuela Judicial, en conjunto con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan, la actividad contó con el aval académico del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Reflejar), en reconocimiento a su valor formativo y a su contribución a la mejora del servicio de justicia. En ese sentido, se promovió el intercambio y la reflexión sobre uno de los procesos de transformación más relevantes en la actualidad: la incorporación de la inteligencia artificial en la función judicial.

La apertura de la capacitación fue encabezada por la Dra. Adriana García Nieto, presidenta de la Corte de Justicia y referente de la Escuela Judicial, quien destacó la experiencia y conocimientos del Dr. Quadri y ponderó el rol de la inteligencia artificial como una importante herramienta que permite brindar un mejor servicio de justicia.

La actividad, coordinada por la Dra. Ana María Basualdo y el Dr. Eduardo Riveros, tuvo modalidad virtual a través de la plataforma Zoom y se enmarcó en una estrategia de capacitación con alcance federal, orientada a fortalecer la formación continua en temáticas emergentes que atraviesan el servicio de justicia.

Durante la exposición se abordaron los alcances, límites y desafíos que plantea el uso de inteligencia artificial en los sistemas judiciales, con el objetivo de brindar herramientas para su análisis crítico y contribuir a una implementación responsable en el marco de los principios que rigen la administración de justicia.