Jueces de Brasil, Perú, Bariloche, Buenos Aires y de San Juan expusieron en la tercera jornada del XII Congreso Iberoamericano sobre Cooperación Judicial.

Con un total de nueve jueces de tres países, este miércoles en la tarde se desarrolló en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán la tercera jornada del XII Congreso Iberoamericano sobre Cooperación Judicial, “Desafíos de la Justicia en el Siglo XXI – Por una Justicia más cercana y abierta”.

La temática fue la Oralidad y Tecnología para la Gestión Judicial: Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y la Eficiencia Judicial”.
La apertura del panel estuvo a cargo de Vladimir Passos de Freitas, presidente de la Asociación Internacional para la Administración de Cortes de Justicia.

El exjuez federal de Brasil reflexionó sobre el rol de la Justicia ante personas con discapacidad: “Es difícil dar solución a cada caso de las personas con discapacidad. La actividad debe ser preventiva, se hace mucho. Hablar sobre esto no es dificultad. Hay riesgo cuando uno quiere ser buena persona y buen juez al mismo tiempo. El juez debe ser preocupado socialmente. El juez tiene que pensar en las consecuencias sociales y económicas en las decisiones tome. Tiene que pensar: ¿Qué va a suceder después? ¿Cómo va a afectar a la sociedad? La Corte decidió que la persona obesa puede acceder a los derechos de una persona con discapacidad. El tema es nuevo y constituye un gran desafío al Poder Judicial en este nuevo mundo que vivimos. Prepararse para hacer frente a él es el mejor camino”.
Luego fue el turno de Juan Alberto Lagomarsino, juez de la Cámara Laboral de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina.

El juez rionegrino se preguntó en voz alta “¿Qué hace el juez? ¿Interviene en un conflicto? ¿Cómo? En representación del estado con un poder jurisdiccional, el de hacer realidad el ordenamiento jurídico, decir qué es lo correcto obligatorio por la ley. Ese acuerdo de voluntades que hizo la sociedad. La función jurisdiccional es hacer eso de manera concreta. Siempre que se requiere la intervención jurisdiccional es porque alguien no tiene poder. Siempre hay alguien que está imponiendo su voluntad”.

El juez Lagomarsino también habló sobre “la tutela judicial efectiva” al sostener que “una señora en silla de ruedas presentó un recurso de amparo para que le den una mejor cobertura; dictamos una medida cautelar para que la obra social cumpla con lo que le piden. Así se cumple el acceso a la justicia en tiempo oportuno”.

A continuación disertó Jorge A. Rojas, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y habló de la oralidad.

“El fenómeno de la tecnología provocó un cambio muy profundo. Todo este avance se empezó a trasladar al Poder Judicial. Ahora existe la Ley 26685 que habla del expediente electrónico. El juez pasó a estar delante de todo. Ve de qué manera puede atender de forma inmediata el conflicto. La presencia del juez mediante mediación pueda darle solución inmediata al conflicto. La importancia de la mediación se ve reflejada en la oralidad y en la inmediación que es la que procesa el juez para dar solución a problemas. La oralidad es muy importante, pero sola no alcanza. El juez debe cumplir con la gestión del caso para eso necesita escuchar a las partes para saber qué les pasa a cada una de ellas. Le pregunta que le pasó para saber cuál es su problema, eso es gestionar el caso y comprometerme con la tarea. No solo cumpliendo con la formalidad. Compromiso del juez con lo que le incumbe para solucionar el caso”.

La continuidad estuvo a cargo de Luis M. Palma, consultor internacional, Decano de la Facultad de Estudios para Graduados en la Universidad de Belgrano.

El doctor Palma habló de la “Oralidad y técnicas para la Gestión Judicial. Acceso a Justicia de personas en condición de vulnerabilidad y eficiencia judicial”.

“La eficacia tiene que ver con la colaboración entre las partes. Tenemos mucha responsabilidad en la medida que el acceso a justicia tiene una cultura jurídica específica y otras normas. Lo más importante de la justicia son las personas sino nada va a cambiar. La gestión judicial y eficiencia tiene que ver con la mejora de lo existente. Hay cambios más profundos para hacer y resolver problemas, lo que requiere nuevos modelos. Hay que diferenciar entre hacer y administrar justicia. Pensar en modelos para que los jueces cuenten con la disposición necesaria, política judicial de acceso y modernización. La diferencia entre el antes y el después es que mucha más gente va a tener justicia”.

Por su parte, Yackeline Yalan Lean, jueza Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, expuso que “el tiempo es un valor. La Corte apostó a normas de certificación. Justicia eficiente y eficaz. Resolver sentencia en segunda instancia en 25 días hábiles y eso se cumple. Oralidad, celeridad, transparencia… El expediente judicial digital debe facilitar al trabajador involucrado en la justicia. El juez también tiene que saber de gestión y no solo depender de terceras personas”.

Luego fue el turno de los jueces sanjuaninos en el XII Congreso Iberoamericano.


El doctor Abel Soria Vega, juez del Décimoprimer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San Juan, dijo que “no hace tanta reforma legislativa. La Constitución Provincial establece que la provincia tiene como propósito el juicio oral y público. No pueden durar los procesos el tiempo que duran. El problema no es la sentencia sino llegar a resolver la sentencia, concentrar la mayor cantidad de actos posibles, utilizar la mediación, los recursos del Estado para realizar actos eficaces. Cuando vemos los altos de expedientes nos preguntamos cómo voy terminarlo. Hay un artículo que habla de las pautas de interpretación, los procesos tienen que durar un tiempo razonable. Establece un nivel de cooperación entre todos, de los profesionales y de las partes”.

Luego expuso la doctora Elena de la Torre de Yanzón, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San Juan, quien habló del camino la oralidad en San Juan en los procesos no penales o civiles en sentido amplio de conocimiento.

“El tiempo es un factor determinante y una preocupación para la sociedad. El sistema escriturario tiene que terminar. Es fundamental el cambio que se ha dado por la aprobación del Protocolo de Gestión de Prueba. La Corte pretende la oralidad en todas las instancias. El juez debe manejar el tiempo del proceso. Nos lleva a concentrar la economía procesal y transparentar nuestro accionar. Hay obstáculos a vencer, como las barreras culturales del juez y su equipo, falta de conocimiento y habilidades, resistencia de los operadores jurídicos… etapa de transición. Queremos lograr recuperar la confianza del Poder Judicial”.

Por su parte, el doctor Carlos Fernández Collado, juez del Quinto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San Juan, también habló del Protocolo de Gestión de la Prueba.


“El fin del proceso es la satisfacción de los justiciables”, dijo. El juez Fernández Collado dio detalles del programa de Gestión Oral de Prueba y su Protocolo de Actuación: “Cuando no podamos llegar a la conciliación, optimizamos la etapa probatoria. Ahí nos encontramos con una realidad que no está escrita”. También habló de la mediación judicial: “Si las partes entienden que la prueba es suficiente, se llega a una solución. Podemos elegir qué prueba utilizar y cuál rechazar. La audiencia final es necesaria, aún cuando no exista prueba o se haya dejado de lado. Se va a llevar a cabo mediante video filmación. Permite tomar el contacto con la realidad que no vemos cuando tomamos el expediente. El protocolo nos pone el desafío de encaminarnos en la oralidad plena en todos los fueros e instancias. Queda un largo recorrido pero le vamos a dar a la sociedad la justicia que se merece”.

Finalmente, Mario Parisí, supervisor general de la Oficina de Gestión de Audiencia del Procedimiento Especial de Flagrancia, dijo que “vengo a hablar de realidades. Flagrancia ha certificado normas ISO 9001. Tiene 2,61 días en promedio para resolver las audiencias. Jamás llegó a tres días. Las encuestas de satisfacción indicaron que el 93 % consideró “muy satisfecha” la competencia del personal. En total 1.249 personas fueron sometidas al proceso especial de Flagrancia. No hay nada pendiente de finalización. La oralidad ha permitido que el 93 % de las causas terminen en la primera audiencia. El sistema tiene baja de litigiosidad”.
Para cerrar, el doctor Parisí recordó que “la ley de Flagrancia nació de la Corte de Justicia de San Juan”.

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