Regulación de honorarios

Profesor

Dr. Andrés de Cara

CURSO SOBRE REGULACIÓN DE HONORARIOS 

 SUMARIO:

CÓMO REGULAR - PAUTAS  1I- LA CUANTÍA  21) Introducción (dos maneras de regular) 22) Procesos que carecen de apreciación pecuniaria  3Apreciación pecuniaria y trascendencia económica  33) Procesos que cuentan con apreciación pecuniaria  3A- Base regulatoria según el tipo de proceso  3Juicios cuyo objeto consiste en una suma de dinero  3Juicios cuyo objeto consiste en un bien  4B- Base según el estado del proceso  5a) Demanda (o reconvención) acogida  5b) Demanda (o reconvención) íntegramente desestimada  5c) Cuando el proceso concluyó por caducidad de instancia  6d) Proceso no concluido  6e) La base en los incidentes 6C- Conformación de la base regulatoria - Leyes 4072 y 4134, decreto 3140-G  7a) Juicios por cobro de sumas de dinero (ley 4072 y decreto 3.140-G) 7b) Juicios que involucran bienes no dinerarios 8D- Sustanciación de la base regulatoria  8E- Porcentaje  9II- EXTENSIÓN DE LA ACTUACIÓN  9Ámbito de aplicación  10III- CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN  111) Abogados y procuradores 112) Patrocinantes y apoderados (simple y doble carácter) 113) Abogado que se hace patrocinar por otro - Prohibición - Excepciones 11IV- ÉXITO OBTENIDO  12V- INSTANCIA EN LA QUE SE DESARROLLÓ LA ACTUACIÓN  12OPORTUNIDAD DE LA REGULACIÓN  131) Cuando se dicta sentencia  132) Cuando cesa la actividad profesional 13CONCLUSIONES – UN ESQUEMA PARA REGULAR  14

CÓMO REGULAR - PAUTAS

La ley que regula en nuestra Provincia la materia regulatoria fija numerosas pautas para determinar los honorarios. Hablando sólo de los honorarios de los abogados, dichas pautas serían básicamente:·         Cuantía del asunto o actuación (art. 187 inc. a).·         Carácter de la actuación.·         Éxito obtenido (art. 187, inc. e).·         Extensión de la actuación (art. 194).·         Instancia en la que se desarrolló la actuación (arts. 196 y 212). Paso a aludir a dichas pautas: 

I- LA CUANTÍA

1) Introducción (dos maneras de regular)

El vocablo arancel, utilizado en el lenguaje común como “porcentaje”, ha venido a ser equiparado en el lenguaje forense a “honorarios”: decimos “ley arancelaria” por “ley de honorarios”, “modalidades arancelarias” por “modalidades regulatorias” y, específicamente, “arancel” en lugar de “honorarios”.Tal equiparación lingüística no es casual (casi nunca lo son), y en este caso implica que consideramos al arancel como una característica tan esencial del sistema de regulación de honorarios, que no pensamos en una ley de honorarios que no incluya también al arancel. Esto es, no imaginamos que pueda existir un sistema regulatorio que no esté basado en la aplicación de un porcentaje sobre el monto del juicio.Podría pensarse, en consecuencia, que esta modalidad –tan encarnada en nuestra conciencia– tiene origen antiguo. No es así. En realidad, el sistema de aranceles recién cobró auge en nuestro país entre finales de la década del `30 y principios de la del `40. Fue adoptado paulatinamente por las distintas legislaciones[1], hasta que se tornó unánime.Antes de esas modificaciones legislativas, había en las regulaciones amplia discrecionalidad para los Jueces, pues éstos determinaban el honorario según criterios de apreciación muy “subjetiva” (la importancia de la tarea, su valor jurídico, duración, etc.). Por eso, al incorporarse el arancelamiento la Doctrina aludió a él como una pauta “objetiva” para diferenciarla de las restantes.[2]La incorporación del arancel como pauta regulatoria obedeció a la inseguridad que, tanto a profesionales como a litigantes, provocaba el hecho de que los montos de honorarios no pudieran preverse: los jueces –sin parámetros ciertos para valorar la actuación profesional– solían regular montos muy disímiles respecto de tareas de parecido tenor.En las leyes que han adoptado este sistema, la modalidad subjetiva de regulación ha quedado reducida a una excepción. No porque las normas la sindiquen como tal, sino porque los casos que en que ella se utiliza son muy pocos. La regla es la modalidad objetiva, que se utiliza cuando el juicio o actuación es susceptible de apreciación pecuniaria. En tales casos, el honorario se regula en función de esa cuantía (art. 187, apartado a de nuestra ley 2150): el monto correspondiente se utiliza como “base regulatoria” y sobre él se aplica una tabla arancelaria que fija límites mínimo y máximo; las restantes pautas del artículo 187 (apartados b, c, d y e) permiten calificar la actuación y moverse dentro de aquellos límites. Sólo si el juicio o actuación no es susceptible de apreciación pecuniaria, la regulación se efectúa con la modalidad subjetiva, es decir, según el criterio del juez y en base a las directivas contenidas en los apartados b, c, d y e del mismo artículo 187 y las que brinda el artículo 188.Ahora bien, ¿cómo distinguir cuándo hay apreciación pecuniaria? Es una regla sencilla: el juicio o la actuación tienen dicha apreciación cuando mediante ellos se persigue, de manera inmediata, incorporar bienes al patrimonio de la parte o evitar su salida.

2) Procesos que carecen de apreciación pecuniaria

Si no se busca incorporar bienes o evitar su salida del patrimonio en forma directa, la actuación carecerá de apreciación pecuniaria y deberá regularse a tenor de las pautas subjetivas de los artículos 187 y 188[3]. Son ejemplos de juicios insusceptibles de apreciación pecuniaria los procesos de adopción, de ausencia, de declaración de demencia, de divorcio, los relativos a la tenencia, etc.

Apreciación pecuniaria y trascendencia económica

No debe confundirse lo que la ley denomina apreciación pecuniaria (art. 187, inc. a) con la trascendencia económica a que la misma ley alude en el artículo 188 inc. c) Aun cuando el juicio o actuación carezca de la primera, puede tener trascendencia económica evidente para el interesado. Tal sería el caso de acciones de filiación o de amparo en que, si bien no se persigue la incorporación inmediata de un bien al patrimonio, ella puede resultar mediatamente de la actuación. Es decir, que cuando el proceso o actuación tienda a incorporar bienes o a evitar su salida de manera indirecta, la cuantía de esos bienes deberá tenerse en cuenta para regular el honorario; no ya como una pauta objetiva a la manera del artículo 189, sino como uno más de los elementos a considerar para fijar un emolumento apropiado a la relevancia de la actuación profesional.En relación con esto último, nuestra Corte dijo en un fallo reciente que el monto a tomar como trascendencia económica debe ser ponderado: …que no sea necesario fijar una suma determinada como base económica, no autoriza a prescindir –contra lo expresamente establecido en el art. 188 inc. “c” de la ley 2.150– de ponderar cuál es la trascendencia económica que para las partes ha revestido la cuestión debatida. (P.R.E. S.2ª.-2003-I-195).

 

3) Procesos que cuentan con apreciación pecuniaria

A- Base regulatoria según el tipo de proceso

Como ya dije, esta pauta regulatoria es la más importante en el dispositivo de la ley, puesto que en la práctica se utiliza en la gran mayoría de los casos. Se la enuncia en el inciso a) del artículo 187, y se la desarrolla a partir del artículo 189.Como dije, se determina una base regulatoria y sobre ella se aplica un porcentaje. Abordaremos la primera tarea, comenzando por aclarar que la base puede variar según el tipo y el estado del proceso. Empezamos por lo primero (base según el tipo de proceso). Esto es simple en una acción por cobro de pesos, pero no tanto en otros casos. A continuación brindaré un panorama de lo que sería esa determinación según los distintos tipos de juicios.

Juicios cuyo objeto consiste en una suma de dinero

Pueden configurarse dos posibilidades:a) Suma que se paga de una sola vez: en este caso, es sencillo determinar la cuantía del juicio, que en general resulta constituida por la suma que la sentencia condena finalmente a pagar (art. 191 inc. a); cuando no hay condena, el mismo artículo 191 dispone cómo debe fijarse la base regulatoria.Excepción (el monto realmente discutido): si bien, como digo, la ley es clara sobre este punto, la jurisprudencia ha impuesto un elogiable criterio en el sentido de delimitar lo que verdaderamente fue discutido en la litis para conformar la base regulatoria. Así, por ejemplo, y pese a que los artículos 208 (expropiación) y 209 (rendición de cuentas) fijan como base regulatoria respectivamente “el valor que mande pagar la sentencia” y “el importe total de la cuenta”, se ha considerado que la base debe ser, en el primer caso, la diferencia entre lo depositado por el expropiante y lo que mande a pagar la sentencia; en el segundo, la diferencia entre lo que se pretendía como total de las cuentas y lo aprobado. El mismo criterio se utiliza para delimitar la base en actuaciones parciales: así, en los incidentes de impugnación de planilla se utiliza la diferencia entre la liquidación propuesta y la aprobada.b) Suma que se abona (o ha de abonar) periódicamente: el caso que comúnmente se presenta es el de los alimentos (art. 206 de la ley), en el que la ley utiliza el siguiente procedimiento para determinar la cuantía del juicio: se fija un lapso (en este caso dos años), se suma los montos mensuales correspondientes a ese período, y el total constituye la base regulatoria.

Juicios cuyo objeto consiste en un bien

Esto a su vez puede asumir distintas modalidades, según el tipo de proceso. La ley no contiene una regulación armónica sobre el tema: sólo disposiciones aisladas en los artículos 197 3° párrafo (forma de la tasación), 205 (acciones posesorias, de mensura, deslinde, etc.) y 207 (juicios de desalojo). Ante la comentada omisión de la ley, es necesario adoptar un procedimiento orgánico sobre este tema de la determinación de la base cuando el juicio versa sobre un bien. Personalmente, propongo el siguiente:*) En primer lugar, debe discernirse si estaba en juego el todo o sólo una parte del bien, pues en este último caso, la base quedará constituida por el valor de la porción del bien que efectivamente fue objeto de la litis.*) En segundo, corresponde determinar si en el proceso se discutía el dominio del bien, solamente una desmembración de ese dominio (como el usufructo), o bien hechos jurídicos como la posesión o la tenencia. Evidentemente, si en la litis se discutía sobre el dominio del bien, la base regulatoria será el 100% de su valor. Si en cambio, estaban en juego otros derechos reales, la posesión o la tenencia, la base regulatoria debería ser fijada en un porcentaje sobre el valor del bien adecuado a la situación de que se trate.Hay dos artículos en la ley que contemplan situaciones relacionadas con el tema, los citados arts. 205 y 207. El primero contempla los casos de acciones posesorias, de despojo, interdictos, de división de bienes comunes, de mensura o de deslinde; establece como base el valor del bien y posibilita que el honorario sea reducido en un 20%. El segundo, alude al juicio de desalojo (en el que la discusión versa sobre la tenencia de un inmueble) y dispone que se tomará como base los alquileres a pagar en un año o bien un monto fijado entre el 6 y el 10% del valor del bien.Parece evidente que la solución que el referido artículo 205 brinda en cuanto a la base regulatoria no resulta apropiada, ya que si un interdicto versa sobre la posesión de un bien, no es asimilable a una acción real que versa sobre la propiedad, y ante la diferente importancia de una y otra, el porcentaje máximo de disminución (20%) que autoriza el texto, parece insignificante.Entiendo que, sin perjuicio de la claridad del artículo 205, los jueces, al momento de regular en estos casos, deberían determinar el real objeto de la litis (propiedad, usufructo, posesión, tenencia) y luego fijar la base en función de la verdadera significación económica de ese objeto. Como criterio indicativo para esa valoración, puede tomarse el previsto en las leyes de honorarios de Córdoba[4] y Buenos Aires[5], que contienen elogiables discriminaciones según el específico objeto del proceso.

 

B- Base según el estado del proceso

El artículo 191 alude a este tema en sus dos primeros incisos, en los que examina las distintas hipótesis que pueden llegar a plantearse respecto de la fijación de la base regulatoria. Ellas son:

a) Demanda (o reconvención) acogida

Cuando existe sentencia o transacción en las que se acoge la pretensión, la cantidad que resulte de una u otra se tomará como base. Sin embargo, cuando este monto sea inferior a la mitad del valor reclamado en la demanda (o reconvención, en su caso), los profesionales de ambas partes tienen derecho a que sus honorarios sean regulados tomando como base esa mitad.[1]Esto último admite diferencias operativas según se trate del profesional que haya intervenido en favor de una u otra parte. Respecto del profesional de la parte vencedora en costas, debe efectuarse una regulación sobre la base del monto de la sentencia o transacción (fijándose así el honorario a cargo de la contraria); claro que el letrado tiene la opción de solicitar una regulación adicional, a cargo de su cliente, en la cual deberá tomarse como base la diferencia entre el monto que resulte de la sentencia o transacción y la mitad del valor de la demanda o reconvención.Respecto del profesional de la vencida en costas, directamente se regula sobre la mitad del valor de la demanda o reconvención, ya que el honorario, en su totalidad, deberá ser soportado por su cliente.Un ejemplo: si la actora demandó por $ 100 y la sentencia prosperó por $ 20, con costas a la demandada, debe regularse: al profesional de la actora: sobre los $ 20, los honorarios a cargo de la contraria; y sobre $ 30 (50 - 20), si solicita regulación adicional a cargo del cliente. Los honorarios del profesional de la demandada vencida en costas deben ser regulados sobre $ 50.

b) Demanda (o reconvención) íntegramente desestimada

Esta situación no aparece prevista en la ley. Hace unos años la jurisprudencia oscilaba en regular tomando como base el 50% del monto reclamado o el importe total del reclamo. En la actualidad esta última interpretación ha predominado, por lo que se admite de modo conteste que corresponde fijar como base regulatoria el 100% del monto reclamado en la demanda o reconvención.[2]Cuando mediante la demanda rechazada se había reclamado un monto exorbitante: Hay ocasiones excepcionales en que la suma demandada no es verdaderamente representativa de lo que se ha discutido en la litis. Esto ocurre a veces en materia de daños y perjuicios, cuando se reclama montos exorbitantes y que -desde el vamos se sabe- no traducen el verdadero valor del litigio. En tales casos, la Jurisprudencia ha comenzado a abstraerse del monto del reclamo para efectuar la regulación, tratando de fijar la base en el monto por el cual la demanda -de ser admitida- hubiese podido prosperar. Normalmente en estos casos el actor litiga con “Beneficio de litigar sin gastos”, pero ello no es un requisito para aplicar este criterio excepcional. Lo decisivo es la notoria diferencia entre la suma reclamada y la que efectivamente se discute en el juicio.[3]

c) Cuando el proceso concluyó por caducidad de instancia

         Nuestra Corte ha resuelto que …cuando el juicio termina por una declaración de caducidad de instancia, sin que se haya dictado sentencia ni sobrevenido transacción, la base regulatoria será la mitad de la suma reclamada en la demanda. Al respecto, dice la Corte que: Los términos inequívocos de la norma (el art. 191) se refieren a la inexistencia de sentencia definitiva, resolutoria del conflicto a que da lugar la relación sustantiva, o de la transacción que es su equivalente como forma de dar fin a las pretensiones de las partes expuestas en el proceso. La declaración de caducidad de la instancia, en cambio, nada resuelve acerca de los derechos de las partes, excepto los que se relacionan con el proceso mismo, de donde surge con claridad, que no puede hablarse de juicio ganado como pauta para efectuar la regulación de honorarios del abogado o apoderado de la parte beneficiada con la declaración de caducidad de la instancia. Ello porque esa finalidad no se alcanza con tal declaración, ya que está abierta la posibilidad de intentar nuevamente el ejercicio de la acción, si no se hubiera operado la prescripción de ésta. (PRE 1970 Fº 113/116, P.R.E.1998-S.lra-II-300, PRE 2000,S.lra, I-127).

d) Proceso no concluido

En la hipótesis de proceso contencioso no concluido, prevista en el artículo 224, el honorario se regulará tomando como base la mitad de la suma reclamada en la demanda. Es obvio que en el caso de reclamos exorbitantes enunciado en el punto B, también el juez puede reducir la base.[4] Si ulteriormente el proceso culmina, deberá realizarse una nueva regulación, en los términos del artículo 191 inciso b, la cual regirá las obligaciones definitivas de las partes.

 

e) La base en los incidentes

Si bien, en lo concerniente a la base regulatoria, el texto del artículo 215 alude al monto “que se reclame” en el principal, la alusión me parece una inadvertencia del legislador, pues debió hacerse referencia al monto “que resulte de la sentencia o transacción” (art. 191 inc. a). Entiendo, consecuentemente, que una interpretación orgánica del texto conduce a regular sobre la base del monto de la sentencia o transacción y, en ausencia de ellas, del 50% de lo reclamado. Tal vez, para evitar este problema, sea aconsejable en estos casos diferir la regulación para el momento de regular los honorarios del principal.De todos modos, puede pasar que el incidente tenga contenido económico autónomo. (ej. impugnaciones respecto de planillas liquidatorias)[5]: en este caso, corresponde computar como base regulatoria a la suma discutida específicamente en el incidente (salvo, claro, que esa suma supere al monto del juicio)[6].

C- Conformación de la base regulatoria - Leyes 4072 y 4134, decreto 3140-G

La ley 2150 en su redacción original contenía tres alusiones al presente tema: el inciso c) del artículo 191, el artículo 192 y el 193. Las sucesivas disposiciones de la ley 4072, decreto 3140-G y ley 4134, todos del año 1.975, provocaron una derogación de aquellos artículos: el 192 ha resultado derogado formalmente por la ley 4134 artículo 2º, y el 193 aparece derogado implícitamente por la normativa citada.

a) Juicios por cobro de sumas de dinero (ley 4072 y decreto 3.140-G)

Este sería un texto ordenado de las disposiciones de la ley 4072 y el decreto 3140-G en lo concerniente a este tema:En los juicios por cobro de sumas de dinero, la cuantía del asunto que motivó el pleito resultará, a los fines de la regulación de honorarios de la liquidación que se practique del capital, intereses y desvalorización monetaria. (ley 4072/art. 197, 2º párrafo) La desvalorización monetaria será determinada por medio del informe que al efecto se requerirá del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, dependiente del Ministerio de Economía (ley 4072/art. 197, 3º párrafo, 1º parte). Mensualmente, el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas remitirá a la Corte de Justicia de la Provincia un informe sobre la desvalorización monetaria a los fines que sean remitidos a los distintos Juzgados para los reajustes que correspondan. (ley 4072/art. 2º).En todos los juicios o procesos por cobro de sumas de dinero, la liquidación se practicará, a los fines de la regulación de honorarios conforme a los rubros que integran la condena. (decr. 3140-G/art. 2º).En los juicios por cobro de sumas de dinero resulta sencillo cuantificar el monto del juicio, ya que aparece representado, justamente, por la suma emanada de la sentencia o transacción. Pero además del monto que fuera específico objeto del reclamo, puede ser necesario computar otros dos ítems a fin de totalizar la base regulatoria.Tales ítems son actualización por desvalorización monetaria e intereses; el primero es un mecanismo legal utilizado en épocas de inflación que tiende a establecer el valor que en su momento representó la suma reclamada en la demanda, a fin de determinar una nueva suma que, a la fecha de la regulación, represente el mismo valor. Si bien la actualización por desvalorización monetaria sólo se utiliza respecto de sumas anteriores al 31/3/91, las deudas pesificadas se actualizan con un mecanismo similar (CER). No hay duda de que, en ambos casos, la suma actualizada integra la base.La ley 4072 también alude al interés como rubro integrante de la base regulatoria, alusión que ha venido a discernir una cuestión que en el orden nacional resulta controvertida: una parte de la jurisprudencia entiende que los intereses -por ser resultado de una contingencia variable y ajena a la actividad del abogado- no deben integrar la base regulatoria; mientras que otros fallos exteriorizan la posición opuesta.[7]En materia de intereses, la Corte de San Juan ha dictado algunos fallos interesantes:·         En P.R.E. S2º-2005-I-45, PRE 2004- S. 2ª- I-80: la Corte ha dicho que es tan válido utilizar como base una suma que contenga los intereses a la fecha de la regulación, como regular a la fecha de la liquidación. Si se hace esto último, cabe computar los intereses devengados entre la fecha de la liquidación y el auto regulatorio).·         Por otra parte, la Corte también ha dicho (P.R.E. S.2ª.- 2001-I-132) que los intereses (moratorios) se deben desde que quedó firme el auto regulatorio.La aparente contradicción entre estos dos fallos se aclara en P.R.E. S.2ª.-2004-I-80. En definitiva: la regulación puede realizarse de dos maneras: a partir de una base actual, que incluya los intereses hasta la fecha de la regulación, o bien regulando “a la fecha de la planilla”. En ambos casos, el resultado es el mismo: la base se integra con los intereses calculados a la fecha de la regulación. De ahí en más, hablamos de los intereses de los honorarios; que correrán desde que quede firme el auto regulatorio. Esto, a su vez, tiene una excepción, derivada de otro fallo de la Corte: si se ejecuta al cliente que no fue notificado previamente de los honorarios: los intereses corren desde la notificación: P.R.E. S.1ª.- 2005-I-94.

 

b) Juicios que involucran bienes no dinerarios

Texto ordenado de la ley 4072, ley 4134 y decreto 3140-G:En todos los juicios o procesos en general cuyo objeto sean bienes no dinerarios susceptibles de tasación, la cuantía del asunto que originó el pleito, resultará de la tasación que determine el valor de los bienes a la fecha de la regulación (ley 4072/art. 197, 3º párrafo, reformado por ley 4134/art.1º). ... la tasación de los bienes será efectuada por perito designado de oficio y a cargo de quien resulte obligado al pago de los honorarios (ley 4072/art. 197, 3º párrafo, 2º parte).En toda clase de juicios o procesos cuyo objeto sean bienes no dinerarios susceptibles de tasación, la cuantía resultará de la tasación que al efecto será practicada por perito tasador designado de acuerdo a la naturaleza de los bienes. Cuando en el juicio o proceso se hubiere efectuado tasación que determine el valor real de los bienes, la regulación se practicará sobre esa base. Cuando la regulación de honorarios no suceda como acto inmediato a la tasación, el monto que resulte de la pericia se actualizará conforme a los índices de desvalorización monetaria y sobre esa base se practicará la regulación, sin que haya lugar a una nueva tasación. (decr. 3140-G/art. 3º).En este tema de la cuantificación de la base regulatoria cuando el bien objeto del juicio es susceptible de tasación, la normativa es bastante clara; pueden destacarse los siguientes puntos: a) La cuantía del asunto o pleito resultará de la tasación del bien.b) La tasación será realizada por perito único designado por sorteo (ley 5854/art. 130).c) Los honorarios del perito deberán ser solventados por el obligado al pago de los honorarios.d) La tasación deberá necesariamente calcular el valor de los bienes a la fecha de la regulación: sobre este punto debe considerarse derogado el precitado art. 3º del decreto 3140, ya que él se contrapone a la ley 4132 en lo que respecta a la hipótesis en que ya existe tasación del bien en el expediente, pues el decreto dispone que se actualizará la anterior tasación, mientras que la ley 4134 (ulteriormente dictada) dispone la determinación del valor del bien a la fecha de la regulación. La solución de la ley 4134 resulta mucho más equitativa que la del decreto, ya que la actualización de valuaciones antiguas puede dar lugar a notorias injusticias, al determinar un monto muy dispar respecto del valor actual del bien; además se adecua al espíritu de la ley nacional 24.283.Por último y para completar el tema, corresponde aclarar que no habría inconvenientes en aceptar una tasación estimada conjuntamente por el obligado al pago y el abogado beneficiario de los honorarios; lo cual tornaría innecesaria la pericia valuatoria.

D- Sustanciación de la base regulatoria

La ley 4072 no aclara si la liquidación que debe practicarse debe ser practicada de oficio por el tribunal o bien por el profesional interesado; y tampoco queda claro si, practicada por éste, ella debe sustanciarse o no con la obligada al pago de los honorarios[1]. La usanza de los juzgados, sobre el tema es requerir al profesional la liquidación y luego sustanciarla con la obligada al pago en los términos del artículo 223. La misma Corte de Justicia Provincial tiene dicho que debe oírse a la obligada al pago, en resguardo de su derecho de defensa, brindándosele la oportunidad de conocer y debatir acerca de la trascendencia económica invocada y el valor numérico que se atribuye al pleito[2]. Inclusive entiendo que, en caso de imposición de costas a la parte contraria, la planilla practicada por el abogado a los fines regulatorios debe ser sustanciada no sólo con la vencida en costas sino también con el cliente del profesional, quien eventualmente deberá hacerse cargo de los honorarios.Otra cuestión relacionada es si puede haber una aprobación de la base previa a regular. Recientemente, la Corte ha dicho que no: …definir la apreciación pecuniaria y, en su caso, determinar y cuantificar la base, son operaciones inherentes al mecanismo regulatorio y, por ende, no pueden estar escindidas de las restantes que la tarea supone. Es por eso, que no hay en este caso –ni debería de haber– una previa “aprobación de la base” (P.R.E. S.1ª 2007-I-66).

E- Porcentaje

Sobre la base, calculada según las pautas de los puntos 3-A y 3-B, debe aplicarse un porcentaje. La ley fija estos porcentajes según el tipo del proceso y actuación, sin perjuicio de modificaciones originadas en las pautas que luego veremos: carácter, éxito y extensión de la actuación e instancia en que ella se realizó. La 2150 brinda una escala con mínimo y máximo, dentro de la cual deberemos movernos para determinar en cada caso el porcentaje. En cuanto a los proceso, la escala genérica está en el artículo 189 (mínimo de 14%, máximo de 20%). Otros artículos fijan las escalas para procesos especiales (como el ejecutivo, art. 201, o el procedimiento sucesorio, art. 202) y para actuaciones particulares (cautelares, art. 204, oficios y exhortos, art. 210, incidentes y tercerías, art. 216, etc.). 

II- EXTENSIÓN DE LA ACTUACIÓN

La segunda pauta tiene que ver con la extensión de la actuación del abogado. Las escalas de los artículos 189 y siguientes suponen actuación a lo largo de todo el proceso. Cuando la actuación es parcial, debemos aplicar el artículo 194, que (con metodología ciertamente imprecisa) divide los procesos en tres etapas y asigna a cada una un tercio del arancel total correspondiente.Así por ejemplo, en los juicios sucesorios deben ser consideradas: primer etapa: actuaciones hasta la declaratoria de herederos; segunda: actuaciones hasta el inventario y avalúo inclusive; tercera: actuaciones hasta la terminación del juicio (partición e inscripción de los bienes).Concursos y quiebras: primer etapa: escrito de iniciación; segunda: actuaciones hasta la verificación, inclusive; tercera: actuaciones posteriores hasta la culminación del proceso.Juicios ordinarios, sumarios, etc.: primer etapa: demanda o su contestación; segunda: actuaciones de prueba; tercera: alegatos. La aplicación del artículo en este tipo de juicios da lugar a distintas consideraciones:A) Ofrecimiento de prueba en juicios sumarios y otros: en primer lugar, debe tenerse en cuenta que en algunos casos (ej. juicio sumario) una parte de la etapa de prueba, el ofrecimiento, se realiza conjuntamente con la primer etapa; por lo cual al abogado que demanda o contesta en este tipo de juicios debería regulársele por una etapa y media. B) Por otra parte, considero inequitativo que se confiera al alegato una valoración equivalente a las restantes etapas (demanda y prueba). Por un lado, el alegato presenta generalmente mucho menos complejidad que la demanda. Por otro, su relevancia respecto al resultado del juicio es escasa, y -en consecuencia- el error en el alegato e incluso su no presentación difícilmente podría hacer incurrir en responsabilidad profesional al abogado[1]. En definitiva, alegar sobre el mérito de la prueba implica realizar una actividad que, a más de resultar facultativa, es meramente complementaria de la probatoria. Pienso que el arancel debería reflejar tal situación, y así dividir a estos juicios en dos etapas: demanda (o contestación), y prueba (incluyendo en ésta última al alegato)[2].

Ámbito de aplicación

Es obvio que si un solo profesional realiza las tres etapas de un proceso, el presente artículo 194 carecerá de utilidad al momento de regular, pues deberá aplicarse íntegramente la escala del 189 o la que corresponda. Sentado ello, resulta importante aclarar en qué ocasiones sí es aplicable la discriminación de actuaciones que el artículo efectúa. Adviértase que pueden darse tres hipótesis de actuaciones parciales:a) Aquel caso en que el abogado se ha separado de la causa durante su tramitación (renuncia, revocación de poder, muerte, etc.), sea que exista actuación ulterior de otro profesional o no. En esa hipótesis, deberá distinguirse –con los parámetros del artículo 194– entre las etapas total o parcialmente cumplidas por el abogado, a fin de determinar el honorario que le corresponda (claro que si debe regularse antes de la sentencia o transacción, corresponderá utilizar el 50 por ciento de lo demandado como base: art. 191 inc. b).b) El caso en que el proceso ha terminado de algún modo anormal (Libro I, Título V° del C.P.C.) antes de quedar en estado de resolver en definitiva. Aquí también se aplicará la división en etapas del 194, con la salvedad de que en los casos de transacción y conciliación, también deberá aplicarse el art. 213.c) Más difícil es discernir la aplicación de la norma cuando, pese a culminar el proceso regularmente e intervenir un solo profesional en toda su tramitación, éste ha omitido realizar algunas de las etapas. Una opción es aplicar íntegramente la escala del 189, sin perjuicio de reducir la regulación en el marco de las pautas mínimas y máximas que fija el arancel. La restante, es regular sólo por las etapas cumplidas, aplicando concretamente el artículo 194. He aquí una cuestión de criterio, que deberá ser discernida por el juez. Personalmente, me parece más lógica la segunda opción, puesto que de este modo se regula de la misma forma en todos los casos en que la actuación del profesional es parcial. Sin perjuicio de ello y por lo que expresé precedentemente respecto de los alegatos, me parece injusto que la no presentación de él haga perder al profesional un tercio de su remuneración. 

III- CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN

 

1) Abogados y procuradores

La ley 2150 reglamenta separadamente las profesiones de abogados y procuradores[3]: la norma distingue entre la función del procurador con su elemento distintivo: la representación en juicio, frente a la función del abogado que, caracterizada por el asesoramiento legal, además puede conllevar aquella representación.El artículo 185 contempla con carácter genérico la regulación de honorarios de los procuradores: fija su remuneración en un 50% de lo que corresponde a los abogados en la misma gestión. Al respecto, hay que tener en cuenta que todas las escalas arancelarias que la ley contiene (arts. 189, 201, 202, etc.), aluden a la actuación del abogado que no ejerce representación, esto es, al patrocinante; por eso, cuando actúan conjuntamente un procurador (mandatario) y un abogado, el monto de honorarios que corresponde a aquél debe calcularse en el 50% de lo que la ley determina para éste.

2) Patrocinantes y apoderados (simple y doble carácter)

Existen ya tan pocos procuradores en la Provincia, que la disposición comentada carecería casi de interés si no fuera porque la excepción que contempla la última parte del inc. 2°/art. 147 de la ley permite a algunas instituciones –Fisco, bancos oficiales– ser representados por un abogado que oficia de procurador y que es patrocinado por otro abogado.Sin embargo, el hecho de que existan pocos procuradores no significa –es obvio– que la función procuratoria no se realiza; y aquí cobra importancia el artículo, pues de manera implícita determina el arancel que corresponde a los abogados que han actuado como apoderados, ejerciendo esa función procuratoria.Al respecto, hay que tener en cuenta que los abogados pueden ejercer la representación en juicio sin necesidad de inscribirse como procuradores (art. 148), por lo que pueden realizar (y esto es lo común) la función procuratoria al mismo tiempo que ejercitan la concerniente al patrocinio.En estos casos en que el abogado ejercita un poder para asuntos judiciales se dice que actúa en “doble carácter” (se reserva la expresión “simple carácter” para la actuación como patrocinante). Para regular en tal hipótesis corresponde aplicar la escala arancelaria del abogado y adicionalmente, un cincuenta por ciento más por la actuación realizada como procurador. En la práctica se efectúa una única regulación, utilizando una escala ampliada. Por ej.: si la escala va del 14% al 20%, se emplea otra que tiene un mínimo de 21,5% (14% + 7,5%) y un máximo de 30% (20% + 10%).

3) Abogado que se hace patrocinar por otro - Prohibición - Excepciones

En el punto anterior hice referencia al artículo 147 inciso 2° de la ley. La disposición no suele ser muy conocida por los litigantes, pues se encuentra ubicada en una sección de la ley anterior a la concerniente a los honorarios. Allí se establece –como regla general– la prohibición de que un abogado que actúa como apoderado se haga patrocinar por otro letrado. El mismo inciso establece las excepciones a esa regla: “abogados que ejerzan representación legal del fisco nacional, provincial, municipalidades, instituciones autárquicas y bancos oficiales”. Utilizando esta excepción ha sido común en nuestra Provincia la comparecencia de los letrados-apoderados del Bco. Nación y Bco. de San Juan con patrocinio de otros profesionales. Actualmente, la Fiscalía de Estado utiliza ocasionalmente esta modalidad. En esta hipótesis de presentación de un abogado-apoderado con patrocinio letrado debe regularse, como es obvio, al primero como procurador y al segundo como patrocinante.

IV- ÉXITO OBTENIDO

La cuarta pauta está enunciada en el artículo 187 inciso e y concretada en el artículo 190, el cual dispone que: El honorario del abogado de la parte que pierde el pleito íntegramente se fija entre el sesenta y el cien por cien de lo regulado al letrado de la vencedora.El principal punto a discernir es el relativo al radio de acción de la norma, pues una interpretación estricta del texto legal implicaría que la disminución que él prevé sólo debería aplicarse en caso de que el pleito se pierda de manera total. En la práctica diaria de los Juzgados, contrariamente, se utiliza el artículo 190 con amplitud, disminuyendo el honorario (cuando se estima que ello corresponde) tanto si el vencimiento es total, como si es parcial; se lo emplea, además, no sólo en los pleitos propiamente dichos, sino en cualquier incidente o excepción que cuente con imposición de costas autónoma. Esto significa que en estos casos no previstos en el artículo (vencimiento parcial o incidente), la disminución que se efectúa supone una aplicación analógica de la norma más que derivación directa de ella; analogía que parece razonable en virtud del citado principio general contenido en el artículo 187 inciso e.En otro orden de cosas, cabe aclarar que la aplicación de la disminución prevista en el artículo debe compatibilizarse necesariamente con las disposiciones de los artículos 185 y 194. Podría darse el caso, en efecto, que el abogado de la triunfadora haya actuado como patrocinante y el de la vencida como apoderado, en cuyo caso una aplicación estricta del artículo conduciría a un resultado inequitativo; y, de igual modo, podría ser que los abogados no hubieran actuado en la misma cantidad de etapas. Esto significa que sólo se regulará entre el sesenta por ciento y el cien por ciento de lo regulado al vencedor cuando ambos abogados hayan actuado en el mismo carácter y en el mismo número de etapas. En caso de que esto no sea así, en lugar de regular basándose en lo regulado al abogado de la triunfante, corresponderá considerar a la disminución prevista en la norma como una pauta regulatoria intrínseca para el letrado de la vencida. En consecuencia, deberá efectuarse una estimación del porcentaje que le toca en función del carácter con que litigó (art. 185) y de las etapas cumplidas (art. 194); y sobre la suma así obtenida, aplicar la escala del artículo 190.Y si en este tema del carácter y etapas con que actuaron los abogados la interpretación literal del artículo puede ceder ante una interpretación orgánica del texto con los artículos. 185 y 194, no es posible hacer lo propio cuando se considera que la calidad de la labor del abogado de la vencida en costas supera a la del abogado de la triunfante. Es que en los casos en que el honorario del letrado de la parte vencedora es fijado en un porcentaje mínimo de la escala (por considerarse que su gestión ha tenido escaso mérito o eficacia jurídica), se ve indirecta pero necesariamente disminuido el tope máximo de los honorarios del abogado de la vencida; y aun cuando la actuación de éste sea valorable en aquel sentido, la regulación que le corresponde no podrá superar la realizada respecto a su colega. Ello plantea una situación injusta y por eso me parece preferible la metodología de la ley nacional (ley 21.839/art. 7º), que fija una escala del 11% al 20% para el abogado del vencedor y otra del 7% al 17% para el letrado de la vencida, con lo cual se independiza ambas regulaciones, evitando la situación descripta. 

V- INSTANCIA EN LA QUE SE DESARROLLÓ LA ACTUACIÓN

         La última pauta que vemos es tiene que ver con la instancia en que se desarrolló la actuación. Las pautas anteriores conciernen a actuaciones realizadas en primera instancia. Los artículos 196 y 212 contemplan las desarrolladas ante los tribunales de alzada.

OPORTUNIDAD DE LA REGULACIÓN

Casi lo primero que debemos de analizar cunado nos piden que regulemos honorarios es si es oportuno hacerlo. En el esquema de la ley, básicamente hay dos momentos para regular: cuando se dicta sentencia o cuando cesa la actuación del abogado. Estos “momentos” están respectivamente definidos en los artículos 222 y 224 de la ley.

1) Cuando se dicta sentencia

El primero de tales artículos es aplicable a toda clase de procesos y dispone que el juez debe regular honorarios siempre que se dicte sentencia definitiva o interlocutoria o se defina un incidente.Sin perjuicio de la claridad de la norma, lo cierto es que ella no se cumple en la práctica, pues los jueces no efectúan las regulaciones sino hasta que los interesados arriman al proceso la base correspondiente. La explicación del divorcio entre la letra del artículo y la usanza tribunalicia es la siguiente: a la fecha en que la ley 2150 se dictó la base regulatoria podía ser estimada muy fácilmente por el juez, ya que ni se aplicaba corrección por desvalorización de la moneda ni cabía (en principio) adicionar intereses. Tal situación varió cuando la ley 4072, reformando el texto del artículo 197, incorporó el segundo párrafo que reza: En los juicios por cobro de sumas de dinero, la cuantía del asunto que motivó el pleito resultará, a los fines de la regulación de honorarios de la liquidación que se practique del capital, intereses y desvalorización monetaria.Al incorporarse dichos ítems a las liquidaciones, se ha visto dificultada la determinación de la base regulatoria al momento de sentenciar, por lo cual en la práctica la regulación suele diferirse para el momento en que se ha formulado la liquidación a que alude la ley 4072.No puedo dejar de aclarar que en los últimos años se ha buscado en la Provincia una solución imaginativa al problema de las “regulaciones diferidas”: en una práctica que se ha popularizado en los juzgados laborales, la sentencia fija porcentualmente los honorarios (ej.: “un 18% del monto que ulteriormente resulte de la planilla de liquidación”); luego, cuando se aprueba la referida liquidación, los honorarios son cuantificados. Admito que la práctica no parece ortodoxa; sin embargo, puedo afirmar que su utilización no produce inconvenientes. Lejos de ello, asegura un notorio beneficio, al evitar la duplicación de trámites que en general implica la “regulación diferida” (el expediente sube a la Cámara para resolver el recurso sobre lo principal, baja para que se efectúen las regulaciones, y vuelve a subir para resolver sobre las apelaciones de honorarios). La Cámara Laboral admite estas regulaciones porcentuales pero la mayoría de las Salas de la Cámara Civil no acepta esta modalidad.

2) Cuando cesa la actividad profesional

Cuando el profesional deja de actuar en un proceso contradictorio antes de su finalización, aquél tiene derecho a solicitar regulación de sus honorarios y a cobrar el monto regulado. Ello resulta del artículo 224 de la ley, el cual asimila a esta situación aquélla en la que el proceso queda paralizado durante un año por causa que no sea imputable al abogado.En tal caso, el juez deberá regular el mínimo de honorarios que al profesional le correspondan, aplicando las siguientes pautas:a) Tomará como base regulatoria la mitad de la suma reclamada, en los términos del artículo 191 inciso b. De todos modos, si se trata de procesos cuyo objeto consiste en un bien, esta disminución no es a mi juicio aplicable: en primer lugar, porque la reducción del 191 (incisos a y b) se utiliza cuando hay un reclamo de suma de dinero pero no cuando el proceso tiene que ver con un bien; segundo, y más importante, porque el bien seguirá siendo el mismo a la época de la sentencia definitiva, con lo que no hay manera de que los honorarios definitivos se regulen sobre una base inferior.b) Teniendo en cuenta el simple o doble carácter de la actuación (art. 185), aplicará el mínimo de la escala del artículo 189, computando las etapas del juicio llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194.c) Entiendo que también debería reducirse los honorarios en los términos del artículo 190, considerando provisoriamente al profesional como abogado de la parte vencida y fijando el 60% que el mencionado artículo prevé como porcentaje mínimo. Ello así porque la alusión al mínimo de honorario que efectúa la ley debe interpretarse en el sentido de que el abogado nunca puede percibir con motivo de la regulación provisoria más de lo que recibirá en la regulación definitiva. En consecuencia, y siendo que en esta regulación definitiva puede eventualmente aplicarse el máximo de la disminución prevista en el artículo 190, es necesario también realizarla cuando se ha de regular honorarios provisoriamente.Una vez culminado el juicio, el abogado tendrá derecho a solicitar nueva regulación de sus honorarios y a cobrar, en su caso, la diferencia entre la regulación provisoria y la definitiva.Es obvio que la regulación definitiva nunca podrá ser inferior a la efectuada antes de la conclusión del juicio, ya que la base con que ésta se realiza (50% del valor reclamado) es el piso también fijado en el inciso anterior. Ello significa que la nueva regulación producirá: 1) Un incremento del honorario, en el caso de que la suma resultante de la sentencia o transacción sea superior a la mitad del valor reclamado en la demanda o reconvención. 2) Eventualmente, una alteración en la atribución de la obligación de pagar los honorarios; lo cual tendrá incidencia si se trata de los honorarios de la parte vencedora en las costas. En tal caso, surgirá para el profesional la posibilidad de cobrar a la vencida. Si la vencedora ya hubiese abonado los honorarios, podrá repetirlos de la contraria.

CONCLUSIONES – UN ESQUEMA PARA REGULAR

Para terminar, a título de ayuda-memoria, propongo un esquema para regular honorarios en primera instancia. Los pasos a seguir serían:1) Comprobar que el peticionante haya tenido participación en el proceso.2) Comprobar que sea oportuno regular (arts. 222, 223 y 224).3) Determinar si el proceso o actuación cuentan con apreciación pecuniaria (art. 187 inc. a) o con trascendencia económica (art. 188 inc. c) o bien carecen de ambas.4) En el primer caso, determinar cuál es la base, de acuerdo con el tipo de proceso (arts. 189, 201, 202, 205, 206, 207, ley 4072).5) Determinar, según el estado del proceso, qué suma debe tomarse como base (art. 191).6) En su caso, comprobar que el monto correspondiente haya sido propuesto y sustanciado.7) Escala porcentual: según el tipo de proceso (arts. 189, 201, 202, 205).8) Porcentaje: según las etapas cumplidas (arts. 194 y 213).9) Porcentaje: según el carácter de la actuación (art. 185).10) Porcentaje: según el éxito de la actuación (art. 190).     

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HONORARIOS (10 CASOS) 1º caso: La sentencia recepta la demanda y condena a pagar $ 1.000. ¿Cuál es el monto mínimo que –sobre esa base– debe regularse al patrocinante del actor, por su actuación en primera instancia, si intervino en todas las etapas del proceso? 2º caso: En la misma hipótesis, pero suponiendo que concurría un procurador que se hacía patrocinar por el abogado referido, ¿cuál es el monto mínimo que debería regularse al procurador? 3º caso: Y si, en lugar de procurador y patrocinante, hubiese litigado un abogado en doble carácter? (siempre, monto mínimo). 4º caso: En la misma situación, ¿cuánto regular (mínimo) si el abogado cumplió una etapa como patrocinante y luego le dieron poder? 5º caso: En la misma hipótesis, ¿cuánto regular (mínimo) al letrado que representó a la demandada-perdidosa en todas las etapas? 6º caso: Introducimos un nuevo dato: en su demanda, la actora reclamaba la suma de $ 5.000. ¿Cuánto correspondería regular al abogado de la actora del caso 3 en concepto de honorarios adicionales? (recordar que la demanda prosperó por $ 1.000 y que ya hemos regulado al abogado los honorarios que son a cargo de la contraparte). 7º caso: En la situación precedente, ¿cuánto regular al abogado de la demandada del caso 5?8º caso: Supongamos ahora que la actora ha reclamado $ 5.000 y que se rechaza íntegramente su demanda. ¿Cuánto regular –siempre monto mínimo– a los abogados (apoderados) de cada una de las partes si han actuado en todas las etapas? 9º caso: La actora ha reclamado $ 5.000. Su abogado, (apoderado), que ha intervenido en dos etapas, renuncia y pide regulación provisoria: a) ¿Cuál es el mínimo que debe regularse? b) ¿Y el máximo? Suponiendo que luego la sentencia acoge la demanda íntegramente, c) ¿cuánto le corresponde de mínima al abogado en la regulación definitiva? 10º caso: El objeto del proceso es un bien cuya valuación –ya se sabe– es de $ 5.000. La demandada es originariamente patrocinada por un abogado, quien interviene en la primer etapa. Luego el abogado es sustituido, y pide regulación provisoria. a) ¿Cuál es el mínimo que debe regularse? b) ¿Y el máximo? Suponiendo que luego la sentencia acoge la demanda íntegramente, c) ¿cuánto le corresponde de mínima al abogado en la regulación definitiva?  ______________________________ 

HONORARIOS (10 CASOS): RESPUESTAS  1º caso: $ 140 (art. 189). 2º caso: $ 70 (140/2: arts. 189 y 185). 3º caso: $ 210 (140+½ 140: arts. 189 y 185). 4º caso: $ 186,67. 1ª etapa: $ 46,67 (140/3: arts. 189 y 194); 2ª: $ 140 [(140/3*2)+½ de 140: arts. 194 y 185]. 5º caso: $ 126 (60% de 210: art. 190). 6º caso: $ 315 [base: 50% del reclamo: $ 2.500 - $ 1.000= $ 1.500 (art. 191 inc. a); porcentaje: 21% (arts. 189 y 185)]. 7º caso: $ 315 [base: 50% del reclamo: $ 2.500 (art. 191 inc. a); porcentaje: 60% (art. 190) del 21% (arts. 189 y 185)= 12,6%]. 8º caso: abogado actora: $ 1.050 ($ 5.000*21%: arts. 189 y 185); abogado demandada: $ 630 (*60%: art. 190). 9º caso: a) $ 210 [art. 224› base: $ 2.500 (art. 191 inc. a), porcentaje: 14% (arts. 189, 185 y 194) * 60% (art. 190)]; b) $ 210 (no se puede regular más); c) $ 700: base: $ 5.000, porcentaje: 14 % (arts. 189, 185 y 194). 10º caso: a) $ 280 [art. 224› base: $ 5.000, porcentaje: 4,66% (art. 194) * 60% (art. 190)]; b) $ 280 (no se puede regular más); c) $ 280 (recordar que era el mínimo).  

 

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[1] Piénsese en las consecuencias de demandar a la persona equivocada o mediante la acción incorrecta, en las de no ofrecer o no producir una probanza fundamental. Frente a tales omisiones o errores, los que eventualmente se produzcan al alegar son absolutamente inocuos.

[2] El artículo 42 de la ley de Córdoba otorga: 40% a la demanda o contestación, 20% al ofrecimiento de prueba, 20% a la producción de prueba, y 20% al alegato.

[3] Título Séptimo - Libro Segundo “De las profesiones forenses”; Título I° (arts. 136/151): “Abogados”; Título II° (arts. 152/163): “Procuradores”.



[1] Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 224 alude a una liquidación que se sustancia con el obligado al pago, pero ésa es sólo una liquidación de “los sellos reposiciones o impuestos abonados” por el profesional y no concretamente de la base regulatoria.

[2] Fallo plenario; N° 391 - 1991-02-28; P.R.E. 1991 sala II Fº30 - JSJ 1991,155.


[1] Esta modalidad de “honorarios adicionales” ha desaparecido en el orden Nacional, al derogar la ley 21.839/78 el art. 8/1° del dcto. ley 30.439/44 (que había sido tomado como modelo –textual– para la redacción del inc. a/art. 191).

[2] La nueva ley de Córdoba, innovando sobre el tema, prevé que la regulación se hará sobre la base de un monto que el juez fijará, entre un 10% y un 30% del monto reclamado.

[3] Cfr. CSN, en fallo del 20/4/95, publicado en diario LL del 14/6/95. También, SCBuenos Aires, abril 12-994 “Guzmán de Altamirano c/Microómnibus Primera Junta”, citado en LL 1996 - D, pg. 904, números 5 y 7. Asimismo, Corte de Mendoza en Revista JA del 18/3/98 (n° 6081); y CNCiv. y Com. Fed, en fallo del 23/2/94, publicado en LL 1996-A-577, con nota de Salvatori Reviriego.

[4] En el orden Nacional, la reforma de la ley 24.432 a la ley 21.839 (art. 20) modificó este punto: En esa jurisdicción debe tomarse como base “la suma que razonablemente y por resolución fundada, hubiera correspondido, a criterio del tribunal en caso de haber prosperado el reclamo del pretensor. Dicho monto no podrá ser nunca superior a la mitad de la suma reclamada en la demanda y reconvención...”. La norma ha sido criticada por la Dra. Kemelmajer de Carlucci en el fallo “Dominguez, Francisco v. Moreno, Elías” (Revista JA, marzo 18, 1998, n° 6081).

[5] Véase al respecto el fallo de la Cam. Civ. de la Provincia, Sala IIª en autos caratulados “Ceramil S.A. - Concurso preventivo - Incidente de impugnación al informe individual promovido por D.N.R.P. - hoy Revisión”, del 16/12/87; L. de Autos 1987 - T° II - fs. 362/363.

[6] En tales casos y teniendo en cuenta que puede ser muy grande la diferencia entre el monto del principal y el del incidente, parece razonable que si se toma este último monto como base se tienda a aplicar porcentuales mayores que si se partiese del primero.

[7] Sobre el punto, puede verse el comentario de Osvaldo Gozaini en “Respuestas Procesales”, pgs. 87 y ss.



[1] En nuestra Provincia se incorpora el “arancel” con la ley n° 808 del año `37. En el orden Nacional, recién en el año `44 (decr.-ley 30.439 -ADLA IV, pg.665-, ratificado ulteriormente por ley 12.997/46 -ADLA VII, pg. 317).

[2]

Sabido es que la incorporación de esta pauta fija al juez un marco para la regulación, con mínimos y máximos, y las antiguas pautas subjetivas le posibilitan moverse dentro de esos parámetros y en definitiva determinar el honorario. En el escaso porcentaje de juicios que no cuentan con apreciación pecuniaria, el honorario sigue siendo regulado según las “pautas subjetivas”.

[3]

Cfr. fallo de la Cam. Civil 2°; L. de A. 1987, T° 1, F° 53/55.

[4]

Ley 8226, artículo 62: “En las acciones de despojo e interdictos, se regularán los honorarios, aplicando un tercio de la escala del Art. 34 sobre el valor de los bienes en litigio. En las acciones posesorias se aplicará la mitad de la escala del Artículo 34 y en las reivindicatorias se aplicará la escala del Artículo 34.”.

[5]

Ley 8904 del año 1977, artículo 27: distingue entre: *derecho de propiedad: 100% del valor; *usufructo y nuda propiedad: 50% del valor del bien a cada uno; *uso y habitación: 12% del valor del bien por año.