Sacó una acordada repudiando lo publicitado; rechazando el auspicio del gremio Unión Judicial San Juan; ordenando un sumario. Y, si lo amerita, ordena realizar una denuncia. Ver documento completo.
Los ministros de la Corte de Justicia, José Abel Soria Vega, Guillermo De Sanctis, Adriana García Nieto, Adolfo Caballero y Ángel Humberto Medina Palá, con la firma del fiscal general subrogante Eduardo Mallea, sacaron este viernes el Acuerdo General N° 136 para rechazar en duros términos un curso que lucra con el Concurso de Ingreso 2018 a Tribunales.
Dijeron los cortistas en la primera consideración del acuerdo: “Que esta Corte de Justicia, a través de la prensa, ha tomado conocimiento de una autodenominada <Capacitación de ingreso destinada a aspirantes al Poder Judicial, organizada por Whetu.co, coordinada por el Dr. Julián Medina Romero -funcionario del Poder Judicial- y auspiciada por el Centro de Estudios, Formación e Investigación Judicial de la Unión Judicial de San Juan>”.
En el segundo considerando, los cortistas plasmaron que “no es un dato menor que la pretendida capacitación lo es a título oneroso, ya que en los afiches de publicidad se fija un precio de 1.500 pesos por aspirante”.
En la tercera consideración, la Corte dijo que “del contexto de las publicaciones que anuncia la mentada capacitación se desprende que, realizándola, el ingreso al Poder Judicial estaría garantizado”.
Tras la exposición de otros argumentos contemplados en el acuerdo, la Corte de Justicia resolvió:
“1) No avalar ninguna capacitación organizada por cualquier entidad privada, y en especial la pretendida por Whetu.co, repudiando los términos en que ella ha sido publicitada”.
“2) Rechazar el auspicio que la Unión Judicial de San Juan realiza a la capacitación organizada por Whetu.co, desconociendo cualquier efecto que de él se desprenda, en cuanto al mismo tiempo permite inferir una vinculación entre la mencionada capacitación, el concurso y el ingreso garantizado al Poder Judicial; generando así un manto de sospecha sobre la transparencia, imparcialidad y credibilidad del Concurso, que esta Corte tiene el deber de asegurar”.
“3) Ordenar la instrucción de un sumario a efectos de investigar hechos y circunstancias y delimitar responsabilidades y, si oportunamente surgiera la existencia de un presunto delito, interponer la denuncia en el fuero competente, ello en cumplimiento del deber legal de todo funcionario público de denunciar los presuntos delitos perseguibles que conozca en el ejercicio de sus funciones”.
A continuación, Acordada N°136 completa:
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